La web porno “PornHub” ha recibido varias acusaciones por beneficiarse de transmitir vídeos en los que se muestran violaciones, en muchas ocasiones, también hacia menores de edad.
Existen diferentes casos a nivel internacional que lo ejemplifican. Uno de los más relevantes, hecho público en los últimos meses, ha sido el de los vídeos y fotografías de violaciones a una menor de 15 años desaparecida en Florida. El contenido violento fue encontrado por la madre de la joven, denunció los hechos y actualmente la persona que publicó el material se encuentra a la espera de juicio, acusada de violación. Tras la denuncia, la web supuestamente eliminó el contenido, aunque algunos medios señalan que los vídeos de la violación continúan disponibles parcialmente.
No se trata ni mucho menos del único caso de comercio con vídeos de violación a menores. El mes pasado, la BBC publicaba el caso de una mujer que descubrió las imágenes de la violación sufrida cuando tenía 14 años. Tuvo que luchar durante meses para que la plataforma borrara el contenido.
Es habitual que la web mantenga contenido de mujeres que, no solamente no han dado su consentimiento para la difusión de los vídeos, sino que además son extorsionadas y chantajeadas con ellos. Se trata del fenómeno conocido como pornovenganza, es decir, la distribución, principalmente en internet, de imágenes o videos sexualmente explícitos sin consentimiento de la persona que se muestra en ellos, a fin de causarle angustia o vergüenza
Otro caso famoso con el que la web se ha lucrado gracias a mantener vídeos de mujeres que habían explicitado no querer que siguieran publicados fue el de la estafa de Michael Pratt, dueño de Girls Do Porn, que difundió vídeos sin consentimiento de 22 mujeres.
No obstante, hay varios colectivos feministas que luchan por el fin de la explotación. Uno de ellos es Exodus Cry, que ha iniciado una campaña para el cierre de la web y para que rinda cuentas ante la justicia por comercializar con violaciones hacia mujeres y menores. Su fundadora, Laila Mickelwait, ha explicado en un comunicado que la web «no tiene sistemas efectivos de verificación de la edad o el consentimiento de las personas que aparecen en los contenidos pornográficos que se publican».
La difusión de estos contenidos y su consumo es cómplice y perpetúa la trata con fines de explotación sexual de mujeres, niños y niñas. Es responsabilidad de toda la sociedad, y más de aquellas personas que se consideran feministas, acabar con esta problemática, principalmente dejando de justificar una industria que se beneficia con este tipo de crímenes hacia la dignidad humana, solidarizándose con las víctimas y denunciando todo contenido que atente contra la libertad sexual.
