A los diez años del terremoto que asoló Haití, el web académico The Conversation ha hecho público un informe en que relata las agresiones sexuales consumadas en aquel país por miembros de la misión de ayuda de las Naciones Unidas.
Los abusos sexuales cometidos por Cascos Azules de la ONU están resultando profusos. Si el delito es execrable en sí mismo, al ser perpetrado por quienes deberían ser los protectores deviene mayormente abominable. Niñas de a partir de los once años violadas en Haití a cambio de unas monedas y muchas de ellas dejadas embarazadas. Una infamia que, por añadidura, no se circunscribe al país caribeño, sino reiterada en diversos lugares, como por ejemplo Mozambique, los Balcanes o África central. Por lo demás, y en todos los casos, los violadores han regresado a sus casas libres de castigo alguno.
Cuando Antonio Guterres tomó posesión de la presidencia de la ONU en 2017, semejantes desmanes ya eran de común conocimiento, ante lo cual se comprometió a ponerles coto. Transcurridos tres años, el citado estudio de The Conversation pone de manifiesto que nada ha cambiado.
Además de condenar la ineficacia o la desidia de las Naciones Unidas, forzoso es preguntarse hasta qué punto se sobreponen a la civilidad de los hombres los instintos bestiales. Más fielmente, ver cómo no se distingue entre la copulación de los llamados irracionales, que de hecho no suelen ser por agresión, y el consentimiento expreso, sin chantaje, entre seres humanos.
El dolor de las niñas y mujeres violadas es el de todas nosotras, y debería ser el de todos los bien nacidos.
