Las políticas públicas relativas a la violencia de género deben estar en continuo ajuste y actualización de acuerdo al impacto evaluado tras su implementación. Actualmente, Estados Unidos se encuentra en un estancamiento en la aprobación de la nueva propuesta de ley, modificación de la originaria Violence Against Women Act (VAWA) en 1994, emanada bajo el mandato de Bill Clinton.
De acuerdo con la información de GQ, la nueva propuesta de ley pondría fin a “la escapatoria de novio” de modo que el foco de acción se expande. La ley ejecutada hasta el momento no incluye la limitación de obtener armas de fuego a las parejas o ex parejas condenadas por agresiones o acosos, ya que se centra únicamente en las parejas que conviven con la víctima o si es padre de hijos de la víctima.
Esta nueva apreciación ha sido fuertemente impulsada por el movimiento activista contra la violencia de género. Según el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, las víctimas de violencia de género cuyo agresor tiene acceso a una arma tiene cinco veces más de probabilidades de ser asesinada a manos de su agresor.
Otras modificaciones de ley pasan por mejorar la protección a las víctimas de violencia de género transgénero y a las mujeres nativas agredidas por hombres no nativos, registrando estos dos colectivos altas tasas de VG y violencia sexual. Por un lado, de acuerdo con un informe publicado en 2016, más de la mitad de las mujeres de origen indio-americano o nativas de Alaska han sufrido violencia sexual o violencia física por parte de una pareja íntima. Por otro lado, una encuesta realizada en 2015 arrojaba luz sobre la violencia sufrida por las mujeres transgénero: casi la mitad de estas mujeres (47%) afirman haber sufrido una agresión sexual al menos una vez en su vida.
En una encrucijada política, el sí a la nueva propuesta de ley ha quedado estancado puesto que, tras la reautorización de la VAWA por parte de la Cámara demócrata en 2019, el Senado, bajo el bando republicano, ha bloqueado su aprobación. Es evidente que la protección de las víctimas de cualquier colectivo no puede ni debe quedar supeditada a partidismos, mientras las víctimas están siendo expuestas a diario a agresiones sexuales o están en riesgo de ser asesinadas.
