El Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda ha realizado un informe de análisis de los casos de violencia sexual hallados entre 2014 y 2018 y sus resultados conllevan al establecimiento de una nueva legislación.

El informe [Attrition and Progression: Reported Sexual Violence Victimisations in the Criminal Justice System] analizó 23.739 denuncias de violencia sexual reportadas por la policía neozelandesa entre julio de 2014 y junio de 2018. Los resultados que se obtuvieron de este profundo análisis, publicados el 1 de noviembre, muestran que, por cada 100 casos reportados, solo 31 llegan a los tribunales y solo seis acaban en términos de prisión, además de que, de todos los casos casi dos tercios involucran a un o una menor. Así mismo, tan solo un 10% de los casos llegan a denunciarse ante las autoridades y, para aquellos casos que llegan a una acción judicial, el 13% de ellos tardaron dos años o más en llegar en manos de la justicia.

Estos resultados inducen al gobierno neozelandés a establecer una nueva legislación que mejore el sistema judicial del país. Todo el mundo, sin discriminación de etnia, género o edad, merece vivir en la no-violencia. Dado que son muchas las víctimas de agresión y/o abuso sexual – una mayoría de ellas son mujeres, pero también menores-, se ha visto este análisis como una base fundamental para establecer herramientas de mejora del sistema que, por cierto, es un sistema que en muchas ocasiones ha sido señalado por revictimizar a las víctimas y por no priorizar su seguridad y sus necesidades. 

Por ello, la nueva legislación, que se espera que esté vigente este año, introducirá una mejora para las estadísticas, incluyendo reglas más estrictas sobre la historia sexual de la víctima, así como respecto al mantenimiento de su intimidad y a la provisión, para los jueces y juezas, de herramientas y una educación de base en el ámbito para evitar caer en preguntas injustas y mitos sobre la violencia sexual. Los objetivos son proporcionar más ayuda y alternativas a las víctimas a la hora de interponer denuncias – por ejemplo, a través de un enlace visual o un vídeo pregrabado-, asegurar su asistencia especializada, requerir que se registre la evidencia del juicio y, ante todo, proteger y apoyar a las víctimas en el proceso de denuncia.

En este sentido, el informe realizado por el gobierno neozelandés podría servir, quizá, para otros gobiernos a la hora de analizar el sistema judicial de cada país que, en algunos casos, está tan desgastado. Proveer de herramientas, hacer un análisis de base y reeducar a los y las profesionales de la justicia a la hora de atender los casos de violencia sexual es fundamental para la construcción de una sociedad mejor. La disposición para atender a referentes adecuados por parte de los gobiernos también es un gran paso para ello.

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