La construcción de una paz duradera para aquellos países que han sufrido guerras pasa por que los procesos de rendición de cuentas den respuesta a la problemática de la violencia sexual y de género que, en situaciones de conflicto bélico, se ejerce principalmente contra mujeres y niñas. Los organismos responsables deben crear las estructuras y mecanismos de investigación internos correspondientes con el fin de garantizar que se hace justicia y proteger a las y los supervivientes. Organismos como ONU mujeres están realizado una importante función a este respecto.
Así, según la Resolución 2467 (2019) del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la violencia sexual en conflictos armados, se reconoce la titularidad y la responsabilidad nacionales al abordar las causas profundas de la violencia sexual en situaciones de conflicto armado [..,] que el enjuiciamiento sistemático y riguroso de los delitos de violencia sexual es fundamental para la disuasión y la prevención, como también lo es cuestionar la percepción de que la violencia sexual en los conflictos armados es un fenómeno cultural, una consecuencia inevitable de la guerra o un delito menor.
Concretamente, la guerra de Bosnia y Herzegovina (B&H), en la que murieron más de 100.000 personas, se caracterizó por la violación y el ejercicio en masa de crímenes contra la Humanidad y genocidio, entre los que se cuenta la violencia sexual, cuyas víctimas aún mucho tiempo después, continúan sufriendo signos de estrés postraumático y consecuencias como problemas financieros y de salud, el estigma y/o la pérdida de red social, incluyendo familiares desaparecidos. Según estimaciones de las Naciones Unidas aproximadamente 20.000 mujeres sufrieron abusos sexuales de toda clase.
El pasado 29 de agosto, 24 años después de haber finalizado el conflicto bélico, Thompson Reuters Foundation News publicaba la noticia de la condena, sin precedentes, de la ONU al estado de B&H a indemnizar a una víctima de violación durante la guerra. La sanción emitida por la Organización Internacional obliga al estado de B&H a compensar a la víctima en cuestión así como establecer mecanismos para hacerlo de forma similar en todo el país con otras supervivientes. Se trata del primer caso de violencia sexual llevado ante el Comité contra la Tortura, el cual, afirma la noticia, llegó a la conclusión de que Bosnia había violado la Convención de la ONU contra la tortura y era necesario proporcionar a la víctima una compensación rápida, justa y adecuada así como atención médica y psicológica gratuita y una disculpa pública. Según activistas esta sentencia podría abrir jurisprudencia y permitir a las víctimas de violencia sexual de todo el mundo exigir una compensación en base al Derecho Internacional sobre tortura. En este sentido y según recoge T&R, Adrijana Hanusic Becirovic, Asesora legal senior de Trial International, la ONG que ha prestado su apoyo al proceso, se trata de una decisión revolucionaria, no sólo para Bosnia sino también a nivel mundial, porque este organismo ha tomado por primera vez una decisión basada en la denuncia de una víctima de violencia sexual de guerra.
Como respuesta disuasoria, el gobierno bosnio respondió emitiendo un estatuto en el que considera excesivo el volumen de reclamaciones admitidas por crímenes de guerra así como el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos en la década de los 90. El Comité contra la Tortura consideró tal propuesta excesivamente restrictiva y un obstáculo insuperable para la aplicación del derecho de las víctimas a la compensación.
Esta sentencia es un gran avance del Derecho Internacional en la condena de los delitos por violencia sexual cometidos durante los conflictos bélicos y para que comiencen a tener consecuencias muchos actos de crueldad ejercidos en su momento con total impunidad. Actos considerados un crimen contra la Humanidad y no un daño colateral e irremediable de las guerras.
