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En algunas zonas de Latino América las mujeres se ven expuestas a sufrir ciertos riesgos que podrían dañar su vida. Son varias las historias de mujeres activistas que defienden el medio ambiente y el derecho de sus pueblos, así como el de las mujeres, que a menudo se ven menospreciadas por todas las formas posibles de violencia. 

Es el caso de la activista Margoth Escobar. El pasado octubre de 2018 Escobar anunció a Amnistia Internacional que estaba en la ciudad de Puyo (Amazonas ecuatoriano) cuando la alertaron de que su casa había sido incendiada. Al realizar las investigaciones, se confirmó que el incendio fue provocado, junto con todas las artesanías que tenía la víctima para venderlas en el período navideño del año pasado. La defensora decidió entonces presentar una denuncia penal ante la Procudaría General del Estado correspondiente. ¿El resultado? Escobar no ha recibido ninguna medida de protección, a pesar de estar amenazada.

Por desgracia, no es el único caso ocurrido. En Bolivia, Amparo Carvajal, defensora de los derechos humanos y siendo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con 80 años, también recibió diversas amenazas. Tras denunciar a las fuerzas de seguridad estatales por llevar a cabo detenciones arbitrarias y hacer uso excesivo de la fuerza contra trabajadores y trabajadoras agrícolas, se vio amenazada y ridiculizada por diversos personajes políticos y reconocidos públicamente por el pueblo de Bolivia. Aún así, Página Siete, uno de los periódicos de este país, la nombró Personaje del Año en reconocimiento de su labor.

Otro caso es el de Amanda Martínez, activista indígena avá guaraní de la Comunidad de Tekoha Sauce, en el sureste de Paraguay. Martínez también es activista por los derechos de los pueblos indígenas, así como por el medio ambiente de sus tierras. Ella misma acudió también a Amnistia Internacional para contar que había sido amenazada violentamente por tres hombres encapuchados, quizá para meterle miedo e intentar silenciarla.

La situación actual en estos pueblos es la reclamación de una mayor implicación por parte de sus gobiernos; reconocer su labor en defensa de los derechos humanos y medio ambientales en lugar de seguir fomentando o, al menos, seguir permitiendo, la violencia contra los pueblos indígenas y, sobre todo, contra las mujeres. El posicionamiento de rechazo contra toda violencia es clave para conseguir unas sociedades más dignas.

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