La OMS lleva años condenando las pruebas de virginidad que se realizan por diversos motivos en más de veinte países, y recientemente de nuevo ha dejado oír su voz. Ha sido con ocasión del Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia que se celebró en Río de Janeiro el pasado mes de octubre. Ha denunciado que son muchas las mujeres, e incluso niñas, que se ven sometidas a una prueba tan humillante como dolorosa y que, por otro lado, carece de valor científico. En consecuencia, desde la ONU se reclama una vez más que se acabe definitivamente con tan perversa práctica.
Hasta ahora han hecho oídos sordos naciones como Indonesia, India, Afganistán, Libia, Jordania, y otras varias sean del Oriente Medio o del África septentrional. Se trata de territorios en los que persisten unas pruebas que no respetan los derechos humanos, que constituyen un procedimiento humillante y discriminatorio basado en una construcción social. Expresan unas reglas convencionales encaminadas, en especial, a circunscribir al matrimonio la sexualidad femenina. Nos hallamos, a fin de cuentas, ante una forma de violencia de género derivada de conceptos religiosos y culturales.
Se maltrata a las mujeres sea para validar que son aptas para el matrimonio, sea para comprobar si han sido o no víctimas de una violación. Y pueden llevarlo a cabo no solo médicos sino también policías e incluso líderes de una comunidad. Las mujeres se convierten así en objetos menospreciados, manipulados y degradados que sufren un daño tanto físico como moral.
Hablamos de una violencia extrema a la cual se debe poner fin. Lo ha exigido la ONU con insistencia, y es necesario que la respuesta ya sea categórica. En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos insta a la cooperación de todos los gobiernos, de instituciones y de profesionales de la medicina para conseguir que se erradiquen por ley las pruebas de virginidad.
