Desde que los talibanes retomaron el poder en Afganistán en 2021, organismos internacionales han venido alertando de un proceso progresivo de exclusión de las mujeres y las niñas de derechos fundamentales como la educación, el empleo, la libertad de movimiento o el acceso a los servicios de salud. Afganistán es actualmente el único país del mundo en el que a las mujeres y las niñas se les prohíbe acceder a la educación secundaria desde 2021. ONU Mujeres documenta además cómo las restricciones se extienden a múltiples ámbitos de la vida pública y privada, configurando una realidad en la que ejercer derechos básicos depende cada vez más del hecho de ser hombre o mujer.
Una de las expresiones más preocupantes de esta situación llegó en diciembre de 2024, cuando la prohibición de estudiar se extendió a los institutos de formación sanitaria, cerrando a las mujeres el acceso a estudios como enfermería y obstetricia. La medida adquiere una dimensión aún más grave en un contexto en el que las restricciones sociales dificultan que muchas mujeres sean atendidas por profesionales varones. Naciones Unidas ha advertido que esta decisión impide a decenas de miles de futuras enfermeras y matronas completar su formación, mientras disminuye progresivamente el número de profesionales capaces de atender a mujeres y niñas. Privarlas del conocimiento y de la posibilidad de ejercer una profesión sanitaria no solo vulnera su derecho a la educación y al trabajo, sino que también puede acabar privando a otras mujeres de su derecho a recibir atención médica.
En este sentido, un estudio recientemente publicado en The Lancet Global Health permite cuantificar científicamente las posibles consecuencias. Mediante diferentes escenarios proyectados hasta 2035, la investigación estima que, si continúa desapareciendo el personal sanitario femenino, la utilización de los servicios de salud materna y reproductiva por parte de las mujeres podría reducirse hasta situarse entre el 50% y el 55% de los niveles actuales, incluso en los escenarios más favorables, y entre el 33% y el 35% en los menos favorables. Esto podría traducirse en un aumento de la mortalidad materna, neonatal e infantil. No obstante, los autores subrayan que se trata de proyecciones basadas en escenarios, no de predicciones, y sus resultados alertan sobre el riesgo de revertir los importantes avances conseguidos en la supervivencia materna e infantil en el país entre 2001 y 2021.
Transformar la realidad es posible. Este estudio demuestra que garantizar los derechos de las mujeres no es una cuestión separada de la salud y el bienestar de una sociedad, sino una condición necesaria para ambos. Los resultados de la investigación permiten anticipar las consecuencias de mantener estas políticas y ofrecen evidencias para orientar la acción internacional hacia la restitución de la educación y la formación sanitaria de las mujeres, así como el fortalecimiento de su participación en el sistema de salud. Tal y como señalan sus autores, son necesarias una incidencia sostenida e intervenciones urgentes. Garantizar que las mujeres afganas puedan estudiar, formarse y ejercer como enfermeras y matronas significa recuperar derechos que les pertenecen y, al mismo tiempo, proteger la salud y la vida de miles de mujeres, niñas y niños.
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