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Un nuevo informe del Banco Mundial advierte de una brecha “sorprendentemente grande” entre las leyes que promueven la igualdad de género y su aplicación efectiva, una distancia que limita el potencial económico de millones de mujeres en todo el mundo. Según recoge Reuters (24 de febrero de 2026), el estudio Women, Business and the Law 2026 revela que, aunque muchas economías han aprobado marcos normativos que reconocen derechos formales, los mecanismos de cumplimiento y las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes.

El informe analiza 190 economías y concluye que las mujeres disfrutan en promedio del 67 % de los derechos legales que tienen los hombres. Sin embargo, cuando se evalúa la implementación real de esas leyes, la cifra desciende al 53 %, y cae al 47 % en lo relativo a servicios e instituciones que respalden esos derechos. Menos del 5 % de las mujeres viven en países que se acercan a la igualdad legal sustancial. Las carencias son especialmente acusadas en áreas como el acceso al cuidado infantil, la protección frente a la violencia y la libertad para emprender o acceder a determinados empleos, con brechas marcadas en África Subsahariana, el Sur de Asia y Oriente Medio y Norte de África.

La evidencia científica respalda el impacto de estas desigualdades. Un estudio publicado en la revista revisada por pares World Development muestra que la mejora efectiva de los derechos económicos de las mujeres se asocia con aumentos significativos en la participación laboral femenina y el crecimiento del PIB. Asimismo, investigaciones difundidas por EurekAlert! subrayan que la implementación rigurosa de reformas legales puede traducirse en mayores ingresos familiares y reducción de la pobreza.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5, Naciones Unidas insiste en que la igualdad formal debe transformarse en igualdad real. El desafío, concluye el Banco Mundial, no es solo legislar, sino garantizar que las normas se traduzcan en oportunidades tangibles. Cerrar esta brecha no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una condición indispensable para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

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