El matrimonio infantil, lejos de ser una tradición cultural o una costumbre, es una violación de los derechos humanos que anula la posibilidad de elegir sobre su vida, su cuerpo y su futuro, a niñas y adolescentes. Y aunque existen leyes que lo prohíben, sigue siendo una práctica extendida y normalizada aún en demasiados lugares.
Las cifras describen que la desigualdad es sostenida en el tiempo: a escala mundial. Según datos proporcionados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) una de cada cinco niñas se casa o entra en una unión antes de los 18 años. Se estima que 640 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día fueron casadas cuando aún eran niñas, y cada año 12 millones de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad. Cifras que impresionan y no es por casualidad que afecte más a hogares empobrecidos, zonas rurales y contextos con menor acceso a la educación. En estos casos, las niñas siguen siendo “moneda de cambio” y el matrimonio infantil un mecanismo de control y de expulsión de derechos.
Sabemos que el matrimonio infantil tiene consecuencias que van más allá del día de la boda y pone en riesgo la salud y la vida de las niñas, incrementa los embarazos en la adolescencia y las expone a la violencia física y sexual por parte de la pareja. Es también, un freno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya que recorta autonomía, bienestar económico y su continuidad educativa. Es por ese motivo que la comunidad internacional se ha marcado el objetivo de poner fin a esta práctica para el 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Ninguna niña “elige” cuando el precio de decir no es el hambre, el rechazo o el castigo. Por eso, acabar con el matrimonio infantil no es un asunto privado ni un debate cultural: es una cuestión de derechos humanos. Y es urgente. Porque detrás de cada cifra hay una infancia interrumpida, una voz silenciada y una oportunidad robada. UNFPA advierte que poner fin al matrimonio infantil pasa por implementar leyes claras -18 años sin excepciones-, recursos para aplicarlas y sistemas de protección que funcionen de verdad. Una escuela segura, salud sexual y reproductiva accesible, apoyos económicos para las familias y una transformación profunda de las normas que siguen colocando a las niñas en el lugar de lo negociable. No se trata de “concienciar” a las comunidades como si el problema fuera culturalmente inevitable, sino de garantizar derechos, redistribuir poder y sostener la vida: cada niña que no es casada a la fuerza es una victoria colectiva contra la violencia.
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