Irán atraviesa uno de los episodios de represión más graves de los últimos años. Las autoridades han intensificado drásticamente la respuesta contra las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025, recurriendo al uso de fuego real contra civiles, detenciones arbitrarias a gran escala y operativos en hospitales para arrestar a manifestantes heridos, según denunció el Center for Human Rights in Iran (CHRI).
Las movilizaciones comenzaron como protestas mayoritariamente pacíficas, impulsadas por jóvenes, estudiantes y pequeños comerciantes afectados por la inflación descontrolada, la caída del rial y el deterioro del nivel de vida. Durante los primeros días, se registraron cierres simbólicos de comercios, sentadas y concentraciones en Teherán y otras grandes ciudades.
El punto de inflexión llegó a inicios de enero, cuando el despliegue de fuerzas de seguridad en espacios clave -como el Gran Bazar de Teherán- derivó en enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y, posteriormente, munición real. A las demandas económicas se sumaron reclamos políticos y sociales, las libertades civiles y el fin de la represión. Según denuncias del Center for Human Rights in Iran (CHRI) documenta más de 27 civiles muertos, entre ellos al menos seis menores, y más de 2.000 personas detenidas en distintas provincias. Las movilizaciones actuales se han implicado principalmente mujeres y jóvenes, especialmente de la Generación Z. Testimonios recogidos por IranWire sintetizan el sentir de reclamar «una vida normal» y de preferir arriesgarse si con ello consiguen la libertad en su país.
Las protestas actuales reactivan la memoria de 2022, cuando la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini desencadenó el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, reprimido con extrema violencia. Aquel ciclo dejó centenares de muertos, miles de detenidos y procesos judiciales opacos, según organismos de derechos humanos, además advierten que el uso de fuerza letal contra civiles y menores, así como la interferencia en hospitales, podría constituir crímenes de lesa humanidad.
El CHRI ha instado a la ONU y a la comunidad internacional a ejercer una presión diplomática inmediata y a liberar a los detenidos, especialmente a los y las menores.
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