El 20 de noviembre de 2025, UN Women anunció la aprobación en Moldova de una ley pionera —la primera en su tipo en el país— que tipifica como delito distintas formas de violencia digital contra mujeres y niñas, incluyendo el acoso persistente, el acecho (“stalking”) y otras formas de abuso en línea.
El nuevo marco normativo define violencia digital como “cualquier acto de hostigamiento, intimidación, acecho o amenazas realizadas mediante tecnologías de la información o la comunicación”. Los comportamientos penalizados incluyen no solo el seguimiento obsesivo o la vigilancia, sino también otras formas de abuso. Más allá del cyberstalking clásico —es decir, la vigilancia continuada o el acoso mediante llamadas, mensajes, redes sociales o herramientas digitales—, se reconocen otras formas de violencia digital que amplían el abanico de amenazas en línea. Entre ellas están: el “image-based abuse” (abuso basado en imágenes), como la difusión de fotos o vídeos íntimos sin consentimiento; la “sextorsión” —chantaje sexual mediante amenazas de publicar contenido íntimo—; el “doxing” o revelación pública de datos privados; el “grooming” cuando hay acoso sexual a menores; el acoso o violencia de odio basada en género, orientación sexual o identidad de género; el envío de contenidos explícitos no solicitados (“cyber-flashing”); el uso de “deepfakes” con fines de humillación, manipulación o chantaje; la suplantación de identidad; la manipulación o robo de datos personales; y la vigilancia mediante spyware o rastreo digital.
Otra de las aportaciones clave es el reconocimiento explícito del cyberstalking, que incluye la vigilancia insistente de la actividad digital de la víctima: seguir cada publicación, contacto, fotografía o ubicación compartida; monitorizar los eventos a los que asiste; reconstruir sus rutinas y desplazamientos; así como utilizar esa información para intimidar, controlar o dañar su reputación mediante rumores, difamación o campañas de desprestigio. Organismos como UNFPA y el Consejo de Europa clasifican estas prácticas como formas graves de violencia de género digital, capaces de causar daño emocional, social y económico de gran impacto, a las que se deben añadir los impactos multiplicados cuando también se dañan a las personas que las apoyan, cometiendo así violencia de género aisladora.
Según explican organismos como UNFPA —junto con UN Women—, ese espectro de “violencia facilitada por tecnologías” (Technology-Facilitated Gender-Based Violence, o TF-GBV) puede causar daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos o sociales, trascendiendo el ámbito digital y afectando la participación, la seguridad, la salud mental y los derechos humanos de las víctimas.
En la práctica, estas formas de violencia pueden combinarse —por ejemplo, un caso de cyberstalking puede ir acompañado de difamación, doxing, amenazas o difusión de imágenes íntimas—, lo que incrementa su impacto y complejidad. En su comunicado, UN Women señala que la violencia digital no es un fenómeno aislado, sino parte de un continuum en el que las tecnologías amplifican patrones tradicionales de violencia de género.
Gracias a la nueva ley, muchos de estos abusos podrán perseguirse como delitos, lo que coloca a Moldova en la vanguardia europea en la protección de las mujeres y las niñas en espacios digitales. Sin embargo, su efectividad dependerá de su implementación, del acceso facilitador a la justicia de las víctimas y de políticas educativas y preventivas que garanticen entornos digitales seguros y respetuosos, y esto es posible si se basa en lo que ya ha aportado impacto social, como el modelo dialógico de convivencia.
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