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En una macrooperación policial llevada a cabo en distintos puntos del Estado —incluidas las ciudades de Bilbao, Vitoria, Santander, Pamplona y Logroño— se ha logrado liberar a 34 mujeres víctimas de explotación sexual y detener a 19 personas. La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que aumente tanto el número de detenciones como el de mujeres liberadas.

Las investigaciones científicas más avanzadas en el ámbito del tráfico de personas subrayan la importancia de comprender las trayectorias vitales de las mujeres afectadas. La mayoría de ellas buscan mejorar sus condiciones de vida y son engañadas, en este caso, para venir al Estado español con promesas falsas. En esta operación, prácticamente todas las mujeres liberadas son de origen extranjero, lo que refuerza esta realidad: el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad marcadas por la desigualdad económica, la condición migratoria y la exclusión social. Recordemos que el tráfico sexual tiene un fuerte sesgo de género, clase y etnia, es decir, son mayoritariamente mujeres, pobres y de minorías.

Según la información disponible hasta el momento, entre las personas detenidas hay tres mujeres acusadas de haber obligado a prostituirse a las víctimas. Este dato pone de relieve una realidad que algunas personas pretenden ocultar, también respaldada por la investigación científica: así como existen personas —mujeres y hombres— y movimientos sociales que luchan por la libertad y los derechos de todas las mujeres, incluidas las víctimas del tráfico, también hay quienes, sin distinción de género, participan activamente en su explotación.

Precisamente, en la línea de esto último, uno de los elementos claves identificados por la literatura científica para superar y prevenir la explotación sexual es el bystander intervention. Este enfoque reconoce el papel fundamental que puede desempeñar la sociedad civil en la detección, prevención y denuncia de situaciones de tráfico y explotación. Implica que cualquier persona, al observar señales de abuso o explotación, pueda intervenir de manera segura, directa o indirecta, para apoyar a las víctimas y alertar a las autoridades. El fortalecimiento de este posicionamiento activo ayuda no solo a frenar redes de tráfico, sino también a construir entornos más seguros y solidarios, especialmente para mujeres migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida. Estas intervenciones ciudadanas pueden marcar una diferencia crucial: en situaciones similares de riesgo, hay mujeres que logran escapar de las redes de tráfico precisamente gracias a la acción de personas upstanders.

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