Una nueva política de imposición de penas en Inglaterra y Gales que permite a los hombres maltratadores evitar la cárcel contradice las afirmaciones del gobierno de dar prioridad a la violencia de género, según un organismo de control gubernamental independiente.
Nicole Jacobs, comisionada contra ela violencia de género, afirmó que el hecho de que el gobierno no haya abordado los riesgos que supone la eliminación de las penas cortas de prisión pone en peligro a las mujeres.
El proyecto de ley sobre sentencias obliga a los jueces a dictar sentencias suspendidas en lugar de penas de cárcel de 12 meses o menos, con una adición tardía que exime los casos de incumplimiento de órdenes judiciales o de riesgo significativo de daños. Jacobs argumentó que la falta de una exención específica para los autores de maltrato y la limitada capacidad del servicio de libertad condicional para evaluar los riesgos socavan el compromiso del gobierno de hacer frente a la violencia de género. Expresó su preocupación por la inadecuación de los programas de rehabilitación para hombres maltratadores en la comunidad, haciendo hincapié en el peligro potencial para las víctimas que el sistema deja al descubierto. Jacobs criticó la adopción selectiva por parte del gobierno de las recomendaciones de una revisión sobre la misoginia en el sistema de justicia penal y destacó los problemas relacionados con el tratamiento policial de los casos de maltrato. Pidió disposiciones adicionales en el proyecto de ley de justicia penal para abordar la mala conducta policial en casos de violencia contra mujeres y niñas. El gobierno, según The Guardian, defendió su reforma de las penas, subrayando su compromiso de proteger a las personas en situación de grave riesgo y de colaborar con las organizaciones benéficas dedicadas al maltrato para concienciar sobre las salvaguardias. La portavoz citó las acciones legislativas y las reformas en respuesta a las revisiones como prueba de los esfuerzos del gobierno para combatir la violencia de género.
