Según ONU la conflictividad política, la crisis de COVID-19 y la precariedad económica han disparado la exposición y vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de Palestina y muy especialmente en el Área C y el Este de Jerusalén a la violencia que, en gran parte, quedan excluidas de los servicios gubernamentales para las sobrevivientes de violencia así como de la acción de las ONG que operan en el Estado de Palestina para garantizar su seguridad debido, entre otros motivos, a las restricciones de movimiento.
En este contexto el Centro de Asesoramiento Palestino (PCC por sus siglas en inglés), una ONG de salud mental junto con el Fondo Fiduciario de la ONU, viene desarrollando un proyecto de tres años de duración para mejorar la seguridad de las mujeres y las niñas posibilitando servicios de justicia y protección a través de un sistema comunitario autosostenible. La iniciativa se implementa en 6 localidades en las que operan organizaciones comunitarias a las que se está brindando apoyo para que brinden servicios de protección a la población de la zona, incluyendo salvaguardar de la violencia a mujeres y niñas. Además de las organizaciones comunitarias, el PCC está impulsando comités de protección comunitaria que tengan capacidad para, entre otras acciones, vincularse a servicios nacionales que garanticen la adecuada remisión de los casos de violencia de género.
El proyecto ya comienza a generar los primeros impactos y ya son cerca de 300 mujeres las que han accedido a consultas individuales y se les ha derivado a servicios especializados en ayudarles a construir redes de apoyo y solidaridad así como en la adquisición y desarrollo de habilidades y recursos para la vida.
Entre las activistas ya se encuentran casos como el de Suzanne superviviente de un matrimonio forzado infantil residente en Jerusalén Este que, según recoge ONU, pudo beneficiarse del apoyo de la organización para continuar con su educación y ahora es entrenadora deportiva certificada, trabaja y vive de forma independiente.
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