
Según un Informe que Human Right Watch (HRW) ha presentado al Experto independiente de la ONU en el que se recogen una serie de recomendaciones dirigidas a la prevención, las mujeres de mayor edad pueden correr un mayor riesgo de violencia doméstica por parte de sus parejas, hijos e hijas adultos u otros familiares o personas cuidadoras con las que viven. Según afirma el documento, la Organización Mundial de la Salud considera que la violencia contra las personas mayores y en especial, las mujeres, puede abarcar desde el maltrato físico, psicológico y sexual, al abuso financiero y o la negligencia y se no sólo puede tener lugar en el hogar, también en los centros de atención o residencias e Internet.
Diversas investigaciones evidencian cómo los periodos de encierro domiciliario a causa de la crisis de salud provocada por la COVID han aumentado el riesgo y la exposición a la violencia, entre otras, de las personas más vulnerables, entre ellas quienes se ven obligadas a depender de otras como las de mayor edad.
HRW denuncia que hoy por hoy, no se han recopilado suficientes datos como para permitir a los gobiernos e instituciones competentes, comprender el alcance de la violencia contra las mujeres más mayores. En el mejor de los casos las cifras son acerca de las personas mayores pero no existe la mirada de género. Una de las recomendaciones que lanza, es la importancia de garantizar todas las medidas que sean necesarias para prevenir y remediar esta violencia incluyendo la de responsabilizar a las personas agresoras a través de los mecanismos judiciales, políticos y las actuaciones específicas que existan sobre la casuística particular en la que se encuentran muchas de estas mujeres, así como abrir vías de investigación que permitan conocer mejor la realidad.
Otro de los problemas que aborda la organización, es el trato que reciben muchas mujeres que viven en residencias geriátricas en relación al cuidado, higiene, compañía, atención médica, etc. Un ejemplo de esto es el que en algunos países como EE.UU y Australia, estudios demuestran que se les administran algunos medicamentos, entre ellos antipsicóticos, sin asegurar un consentimiento libre e informado. Así pues, HRW insta a los gobiernos a poner todas las medidas que sean necesarias para que exista transparencia y control efectivo de todas las instituciones y, la aplicación de sanciones y penas contundentes en los casos en que haya abuso, negligencia y uso inapropiado de medicamentos. Las instituciones deben garantizar que las mujeres de mayor edad en general y así mismo, las que viven en residencias geriátricas tengan acceso a mecanismos de denuncia.
Una última recomendación a destacar, en aras de la prevención de la violencia hacia las mujeres de mayor edad es la de proporcionar servicios comunitarios y domiciliarios de calidad, accesibles y asequibles para que las mujeres y personas mayores, puedan vivir en sus hogares si así desean y eligen hacerlo.
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