Amnistía Internacional ha publicado los resultados de una investigación realizada entre 2019 y 2021 sobre la violencia sexual contra la infancia en Paraguay. El informe aporta datos sobre la situación de vulnerabilidad a la que está expuesta la infancia, al encontrarse gravemente desprotegida frente al abuso sexual. Una realidad que conduce a las niñas a la vulneración de sus derechos, dejándolas en una situación de difícil salida.
El informe, Un laberinto sin salida: las niñas de Paraguay se enfrentan a la violencia sexual, el embarazo y la impunidad, ofrece cifras espeluznantes como que una media de dos niñas entre 10 y 14 años da a luz en Paraguay cada día a causa de los abusos sexuales. Se señala a Paraguay como uno de los países con la tasa más alta de embarazo infantil. Siendo América Latina en su conjunto la región con el segundo índice más alto del mundo.
Fiscalía de Paraguay registró un promedio de 12 casos de violencia sexual contra la infancia cada día. Así como, las autoridades sanitarias apuntaron a Amnistía Internacional sospechar que cinco casos no se denuncian por cada uno que se registra. Una realidad a la que se está dando la espalda, poniendo a la infancia en una situación de peligro, al no priorizar el bienestar de las niñas y adolescentes. Por ello señalan la importancia de que el Estado responda ante la ausencia de políticas públicas que se dirijan a esta causa, así como incluya leyes que contribuyan a prevenir los abusos y ofrezca reparación cuando se producen. A pesar de no ser una tarea sencilla, las conclusiones del informe incluyen medidas concretas que Paraguay podría acatar con carácter de urgencia.
Se trata de medidas enfocadas a la prevención a partir de introducir la Educación Sexual en el sistema educativo de acuerdo a las normas internaciones de los derechos humanos, con el fin de proporcionar las habilidades a la infancia, así como los medios para dar alarma cuando están en riesgo o experimentan violencia sexual. Por otro lado, medidas de atención integral a la infancia superviviente de los abusos sexuales para terminar con la revictimización, y priorizar la justicia y la reparación centrada en la supervivencia basado en los derechos humanos, y con la participación de la sociedad civil y profesionales. Y, por último, medidas enfocadas a desarrollar, implementar y financiar un programa nacional que aborde las necesidades específicas de las supervivientes de la violencia sexual, para hacer frente a los factores de riesgo para la vida, la salud física y mental.
