Los hechos han sucedido en Almería, donde un hombre de 39 años agredió y abusó sexualmente, de forma reiterada, de las hijas de su primo hermano, de 14 y 15 años. Estos abusos comenzaron en 2010, con la mayor de las hermanas, a partir de tocamientos que empezaron en espacios públicos y que continuaron hasta 2013 en el domicilio de la familia. Este acoso se extendió a la hermana menor, llegándola a violar en 2014 en la casa, mientras trababa de ganarse la “confianza” de las niñas prometiendo “que no volvería a pasar más”.
El debate actual se ha situado en el hecho de que el Tribunal Supremo rebaja la condena inicialmente impuesta al familiar que perpetró estos abusos, reduciéndola de 37 a 22 años y seis meses de prisión, aparte de que habría de cumplir 20 años de libertad vigilada y alejado de las víctimas, indemnizándolas económicamente, de acuerdo con Europa Press.
No obstante, resulta ineludible dirigir el foco hacia cómo ha sido posible que estos acontecimientos se hayan alargado durante cuatro años en completo silencio. De acuerdo con la sentencia, las menores decidieron no denunciar a su agresor por temor a que no las creyesen y por miedo a perjudicar a la familia, en tanto que el padre de estas trabajaba como empleado del acosador. El momento de romper este silencio llegó cuando la mayor de las niñas supo de la agresión sexual que había sufrido su hermana, momento en el que se vio decidida a reportar todo lo ocurrido.
La gravedad del caso se ha visto reforzada por su sostenimiento en el tiempo, condicionándose por los apoyos, los temores a denunciar y por el miedo a las posibles represalias. De esta forma, se pone de manifiesto la perentoria necesidad de establecer estrategias que permitan la detección precoz de estas situaciones de abusos desde los diferentes ambientes inmediatos de las víctimas, tanto familiar, como educativo y social. Asimismo, y siguiendo también las evidencias y recomendaciones internacionales, se hace indispensable el posicionamiento activo desde estos entornos para romper el silencio, pero, también, el apoyo desde las instituciones que garantice la protección de las víctimas y sus denunciantes, especialmente en el caso de menores, donde las consecuencias en su desarrollo a todos los niveles pueden ser nefastas.
