La prevención de las agresiones sexuales es uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en prisión. El  Informe Mujeres en prisión: buscando justicia tras las rejas,  publicado en 2020 por la Comisión de los Derechos Civiles en EE.UU., es el resultado de una investigación en la que se analiza el estado de los derechos federales de las mujeres que cumplen penas en la cárcel. Catherine E. Lhamon, presidenta de la Comisión, afirmó que la evidencia y el testimonio aportados a la misma, presentaban un panorama nefasto de las condiciones de reclusión de las mujeres. Y, así mismo, instaba al Congreso de los EE.UU. y al Departamento de Justicia a tomar medidas inmediatas para garantizar que las personas funcionarias penitenciarias no sigan violando los derechos de las mujeres encarceladas.

Uno de los motivos de gran preocupación, según expresó la Comisión, es el hecho de que el abuso sexual y la violación de las mujeres presas sigan siendo frecuentes, a pesar de la entrada en vigor de la Ley de Eliminación de las violaciones en prisión (PREA por sus siglas en inglés) en 2003. El documento informa que en 2015 el Departamento de Justicia (Bureau of Justice Statistics) reportó 24.66 denuncias de abuso sexual en prisión. Así mismo, el análisis recoge que en muchos casos las presas han sufrido represalias y la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de la institución y/o el personal de prisión. Otra de las encuestas que incluye el Informe, realizada por la Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense, recogió que el 82% de las mujeres encarceladas que han sido víctimas, afirmaban haber recibido presiones por parte del personal empleado para participar en actividades sexuales.

Tras exponer las conclusiones de la realidad que sufren las mujeres que cumplen penas de prisión, basadas en los datos que aportan diferentes investigaciones que se han tomado en consideración, el Informe realiza una serie de recomendaciones dirigidas a la prevención del abuso sexual y las violaciones hacia las usuarias en las instituciones penitenciarias, como son: 

  • La dotación de fondos para la realización de más investigaciones y auditorías.
  • El Congreso debería promulgar sanciones más severas por incumplimiento de la PREA y de los estándares de protección de las personas presas.
  • La implementación por parte de las personas funcionarias de prisiones de políticas y prácticas disciplinarias con el fin de eliminar las represalias por denunciar una agresión sexual y que puedan hacerlo sin poner en riesgo su seguridad. 
  • Las normas que establece la PREA exigen que las instituciones penitenciarias contraten la cantidad de personal suficiente para garantizar la seguridad de quienes cumplen penas de cárcel, incluido el suficiente personal femenino, con el fin de que sea éste quien lleve a cabo la supervisión y los registros en ciertas zonas sensibles.

En definitiva, el Informe aporta un exhaustivo examen del estado de la protección y la garantía de los derechos constitucionales abordando diversidad de problemáticas como la violencia sexual hacia las mujeres presas que aún prevalece en altas tasas. Además incorpora ejemplos de instituciones penitenciarias que buscan soluciones e incluye el análisis del impacto y resultados de las políticas diseñadas para dar respuesta y prevenir la vulneración de los derechos que aún sufren las mujeres en prisión. Un trabajo que, sin duda, puede resultar de gran inspiración para su réplica en otros países y contextos con el fin de avanzar hacia cada vez una mayor garantía de los derechos fundamentales de todas las mujeres, incluidas aquellas que cumplen penas de cárcel. 

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