El pasado lunes cientos de personas en Malawi exigieron en las calles penas más severas a las personas que ejercen la violencia sexual. Pero estas protestas se han ido repetiendo en el país en los últimos meses.
Sus exigencias incluyen un registro de delicuentes sexuales, casas de acogida para las mujeres, tribunales especiales para delitos sexuales, entre otros. Además se aboga por una política de tolerancia 0 a cualquier acoso sexual, para poner fin a la violencia sexual que según datos de la ONU alcanza un 38% de víctimas que al menos uan vez en su vida han sufrido violencia sexual.
En el informe “Ending Violence against women and girls in Malawi” de UNICEF publicado el pasado julio de 2020, se extraen conclusiones de como es necesario implementar en los programas públicos las evidencias de investigación y mayor coordinación en este sentido, siendo la violencia sexual en el trabajo un tema a abordar también.
