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La crisis de la pandemia podría agravar la situación de pobreza en la infancia, según dos informes publicados este mes de octubre por el Grupo Banco Mundial y UNICEF y Save the Children, respectivamente. Conclusiones que exigen la intervención, por parte de los gobiernos, para evitar las consecuencias sociales y económicas que podría comportar a largo plazo. Señalan la urgencia de tomar medidas que protejan a la infancia y aseguren que no pierdan la oportunidad de crecer y desarrollar su potencial, en términos de desarrollo físico y cognitivo, una amenaza a la capacidad para conseguir buenos trabajos en la edad adulta. Se calcula que la mitad de las personas pobres en el mundo son niños y niñas. 

Según los datos de informe del Grupo Banco Mundial y UNICEF, los pequeños avances conseguidos, aunque desiguales en cuanto a territorios y más en las personas adultas que en la infancia, podrían perderse e incluso empeorar, a causa de las dificultades financieras provocadas por la pandemia, y retrasar décadas la lucha contra la pobreza. 

En cifras, antes de la pandemia la pobreza infantil la sufría uno de cada seis niños y niñas y, según los datos que aporta el informe de Save the Children, podría aumentar en 100 millones en 2020. Esto supondrá que crezcan sin poder cumplir sus sueños,  debido a la falta de una renta básica mínima en sus años formativos y de una red de seguridad, especialmente para los niñas y niños marginados y desfavorecidos. 

Save the Children recuerda que toda la infancia tiene derecho a la protección social, tal y como consta en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Asimismo, señala que la infancia es imprescindible para la cohesión social y que los daños que puede comportar la privación en estas edades, aunque sea por un corto periodo de tiempo, son irreversibles, lo cual puede suponer arruinar su futuro y con ello socavar la productividad y el crecimiento social de un país. 

En cambio, en el informe Save the Children aporta que esto se podría evitar si los gobiernos gestionan medidas basadas en la evidencia, que resumen en tres recomendaciones clave. Por un lado, priorizar la inversión de la infancia, de al menos 1% de la producción económica (PIB). Al mismo tiempo, avanzar hacia una cobertura universal para todos los niños y niñas, principalmente en los primeros años, enlazado con otros servicios esenciales -educación, salud y servicios sociales- para asegurar que ningún niño ni niña se quede atrás, con especial atención la infancia desaventajada, desfavorecida y marginalizada. Y, por último, establecer los Beneficios Universales para la Infancia, es decir, transferencias regulares e incondicionales para las personas cuidadoras durante la infancia, lo cual también permitiría escalar rápidamente el apoyo ante grandes shocks, al estar vinculados a sistemas de alerta temprana. 

Es definitiva, basarse en lo que aporta la evidencia para establecer, fortalecer y apoyar a la infancia con programas de beneficios a nivel mundial. Una vez más, la ciencia es quien ofrece las soluciones, incluso en los momentos más difíciles, a los problemas importantes para alcanzar el bienestar de la humanidad.

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