Este pasado jueves, en República Democrática del Congo (RDC) las mujeres encabezaron importantes manifestaciones organizadas en cuatro de sus ciudades. Las marchas, que han llegado a reunir a miles de personas, exigieron justicia por los asesinatos y violaciones históricas cometidas durante la guerra civil. Durante las manifestaciones la policía arremetió contra las y los manifestantes en Kisangani, la ciudad en que hace una década la ONU documentó cientos de crímenes entre 1993 y 2003, cuyos perpetradores aún no han sido procesados.
Según publica The Guardian, en Bukavu unas cinco mil personas, entre ellas al menos 3.500 sobrevivientes de la violencia sexual, se unieron a las protestas junto a cientos de abogados y abogadas. Recibieron el apoyo del galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el doctor Denis Mukwege, que fundó el hospital Panzi, especializado en tratamiento de sobrevivientes de violencia sexual en conflictos y cuya Fundación respaldó a las manifestantes. Él mismo no pudo acudir por encontrarse amenazado de muerte por la campañas contra la violencia sexual cometida durante las dos guerras civiles, motivo por el cual la ONU le protege desde 2012.
A pesar de las amenazas que sufre por proteger a las víctimas y defenderlas, Mukwege sigue denunciando, como esta semana a la agencia France-Presse, que negar que ha habido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la RDC, incluso genocidio “es ser de mala fe”, y que que la impunidad generada por la falta de justicia está haciendo que los perpetradores de la violencia actúen como quieran y por tanto sigan perpetuándola.
Esta semana se entregó una petición a los líderes de la Unión Africana y la ONU, firmada por la Fundación Mukwege y el Movimiento de Sobrevivientes de la RDC en la que se pedía que el informe de 2010 de la ONU sea la base para garantizar la justicia ante los crímenes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un comunicado conjunto que emitieron el jueves denunciaron que la falta de justicia está permitiendo que abusos similares continúen impunes. Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el mes pasado sobre la violencia mortal en las zonas fronterizas, señalando que en los ocho meses anteriores a junio habían muerto 1.300 personas.
