Ya hemos empezado un nuevo curso académico, dentro de muy poco comenzaremos las clases presenciales. Todavía en muchas universidades los protocolos covid-19  de finales del curso pasado no se han adaptado al nuevo contexto, porque estamos en una situación muy difícil de predecir, ¿cuál será ese contexto?.

En muchas universidades no se nos han proporcionado datos sobre las personas infectadas en el segundo semestre del curso pasado en la comunidad universitaria. Se alude a la Ley de protección de datos. Sin embargo, se podrían haber ofrecido porcentajes para valorar el contexto del semestre. También deberían visibilizarse los efectos directos de la pandemia en la comunidad universitaria en ese segundo semestre como, por ejemplo, las horas de trabajo multiplicadas exponencialmente sin fines de semana ni vacaciones del profesorado o el trabajo multiplicado de los/las PAS para dar soporte a una situación de docencia on line que nos ha desbordado a todos y a todas, y que ha llegado a generar efectos indeseables en la salud de muchas personas.

Y otros efectos muy importantes que no se han considerado como si la pandemia solo fuera unida a los contagios: personas que han debido afrontar duelos sin poderse despedir de sus familiares, problemas laborales que han afectado a las familias del estudiantado, el aislamiento que ha tenido impacto emocional en algunos-as estudiantes, las dificultades de conciliación con horarios endiabladamente largos y sobrecargados de trabajo…porque hablamos de personas. Había que hacerlo. Se ha hecho. Y podríamos haber aprendido mucho.

Hasta el momento, en la mayoría de universidades, nadie nos ha preguntado los problemas que hemos encontrado, ni las alternativas que hemos implementado para resolverlos. Como destacan Enrique Diez y Katherine Gajardo (2020): “Es un grave error mantener la máquina educativa funcionando sin tener en cuenta el bienestar emocional, físico y educativo de la comunidad educativa”. En las recomendaciones del ministerio de universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19, en el punto 9 se remarca: “Creemos que la experiencia obtenida, mediante un gran esfuerzo, en enseñanza y evaluación no presencial por parte de docentes y estudiantes debe ser aprovechada para desarrollar la capacidad de las universidades para utilizar formas digitales de interacción en aquellas actividades que puedan beneficiarse de dichas metodologías”. ¿Cómo recoger esa experiencia cuando no se pregunta?.

Mi universidad con datos de 2018, tenía un total de 1858 profesoras y profesores, 815 mujeres (46´52%) y 937 hombres (el 53´48%). Universidades de un tamaño aproximado al nuestro, como Harvard, ya dijeron a finales del curso pasado que este curso la docencia seria on-line porque “Sin una vacuna o tratamientos clínicos efectivos para el virus, sabemos que no hay otra opción de reabrir el campus sin riesgo”. Otras universidades como Princeton o Yale, por ejemplo, han tomado medidas parecidas. Otras universidades, en otros países europeos como Cambridge han hecho lo mismo. Pero en nuestras universidades públicas el factor económico nos acecha como la espada de Damocles colgada sobre nuestras cabezas. La falta de inversión en educación pública y en investigación, sembrada hace años por la derecha, la estamos recogiendo ahora.

Desde marzo se han hecho nuevos descubrimientos a tener en cuenta en educación, hace pocos días se informaba de que se confirmaba la sospecha de 36 científicos de diversos países, entre los que se encontraba Xavier Querol, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, que en marzo ya alertaban de que el coronavirus puede viajar hasta más de dos metros en interiores poco ventilados. A finales de mayo Querol y otros expertos publicaban, en la revista Environmental International, que la ventilación es clave para reducir los contagios en espacios interiores como aulas. En el diari de l´educació se publicó hace unos días que “las últimas evidencias científicas demuestran que además de transmitirse por gotas o fómites (por contacto con superficies en las que hay virus activo), el virus se puede transmitir mediante aerosoles. Más de 200 expertos pidieron la OMS que incluyera los aerosoles entre los modos principales de transmisión de la Covid -19.”

El día 3 se publicaba que el catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Àlex Arenas consideraba que, para que se puedan abrir las escuelas, debería haber tres condiciones: que la incidencia poblacional del virus estuviera bajo control, que existiera una suficiente capacidad de testear y rastrear, y que las aulas y el entorno escolar estuvieran adecuados a las circunstancias que estamos viviendo. Cuando escribo este artículo, el 11 de septiembre, la rectora de la URV, ha informado del inicio de la virtualidad, tras reuniones con los científicos Àlex Arenas y Antoni Castro que, al analizar la situación de casos confirmados, recomendaban reducir al mínimo posible la presencialidad en los campus, limitando la presencialidad a las actividades estrictamente necesarias. Así mismo la Universitat d´Alacant ha anunciado, el mismo día,  que empezará el curso on line porque, según  se informa “esta decisión se ha adoptado ante la “falta de pronunciamiento oficial por parte de la conselleria de Universidades y de la Conselleria de Sanidad” sobre la adaptación del protocolo de actuación diseñado por la universidad”.

Es a los científicos y científicas a quien se debe hacer caso. No a recomendaciones ligadas a la economía que subordinan la seguridad de la comunidad universitaria. Debemos defender la presencialidad, frente a otros modelos que muestran la virtualidad como panacea olvidando el componente imprescindible humanista, generador de socialización y ciudadanía ética y responsable unido a la presencialidad. Pero debemos vindicar que se haga en condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria, necesitamos protocolos actualizados que describan claramente la situación real en los campus en su contexto, deben hacerse públicos los casos que se vayan produciendo de covid-19, porque en ningún caso van en contra de la ley de protección de datos si se hace por porcentajes, evitando secretismos absurdos porque la información igual se extiende, muchas veces sin poderla contrastar,  y esto es bastante peor. Tampoco debemos olvidar lo aprendido en el confinamiento: cómo la pandemia afecta, desde diversos contextos, a la comunidad educativa.

Hasta ahora, en la mayoría de universidades, la inmensa mayoría hemos multiplicado nuestras horas de trabajo, más allá de horarios o fechas, generando recursos donde no los había, en muchísimas ocasiones con una gran carencia de medios al trabajar desde nuestras casas con nuestros equipos,  enfrentándonos prácticamente a solas a la situación, porque las medidas académicas vinieron mucho después y, en muchos casos, al no tener en cuenta los contextos específicos, al no preguntarnos, entorpecieron y distorsionaron todo lo que habíamos adelantado al ser normativas homogéneas que ignoraban, por ejemplo, los contextos de exclusión social o las condiciones de conexión en la España vaciada de parte del estudiantado.

Se enfocó como si no hubiera pasado nada, como si la traslación de la docencia presencial a virtual no implicará, además, que ya no estaríamos nunca más en el punto en el que estábamos antes de la pandemia. Como destaca Mercè Gisbert, catedrática de la URV, experta en tecnología educativa: “la virtualización no significa hacer la misma clase presencial de cada día por videoconferencia y, aún menos, pretender pasar lista”. Esto no es virtualizar la docencia, “esto es hacer presencial la virtualidad, que es todo lo contrario”.

Más tarde no se escuchó a los/las científicos cuando decían que esto iba para largo. Ya tenemos investigaciones que comparan las diversas políticas educativas seguidas  como por ejemplo “Políticas Educativas en Tiempos de Coronavirus: La Confrontación Ideológica en España” (Diez. – Gajardo, 2020). La ideología educativa que se defiende en ellas es muy relevante. Es muy importante pensar en la educación que queremos y para qué modelo de sociedad trabajamos. La educación siempre es política como decía Paulo Freire.

En muchas universidades se nos indicó que íbamos a impartir una docencia hibrida, alternando presencialidad y virtualidad. Las necesarias adaptaciones curriculares a este contexto las hemos elaborado, entre finales de julio y agosto, tras concluir el curso 2019-2020, el profesorado desconociendo el contexto del inicio del curso 2020-2021 ni el desarrollo del curso, impredecible, en un contexto de incertidumbre.

Hace poco en un tweet del 1 de septiembre Ramón Flecha, catedrático de la UB e investigador principal de investigaciones con gran impacto social y político como IMPACT-EV e INCLUD-ED, nos recordaba en relación a las escuelas que “lo que la ciencia tiene claro es que no está claro. En cuanto esté claro, Nature y las demás revistas científicas de primer nivel mundial lo publicarán”. En nuestro contexto algo tan evidente no debería costar de entender a una comunidad educativa universitaria en la que una parte importante somos investigadoras e investigadores.

Todas las universidades públicas deberían defender criterios científicos, no olvidar en ningún momento la seguridad de las personas, e informar a la comunidad educativa con responsabilidad y transparencia. No pedimos nada que no sea justo.

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