La situación de crisis sanitaria, social y económica de la pandemia causada por la COVID-19 se cataloga como uno de los mayores retos económicos y sociales a los que se enfrenta la humanidad desde la Gran Depresión del 1930 y la Segunda Guerra Mundial. A este respecto son evidentes los efectos en salud así como los económicos o laborales; no obstante, paralelamente se dan una serie de problemas que, según UNICEF, 2016, en periodos de crisis como este, pese a que tienen efectos incluso más duraderos que la pandemia, pasan más desapercibidos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), han elaborado un documento en el que recogen diferentes argumentos que advierten de los peligrosos efectos colaterales de la pandemia en las mujeres, la infancia y los grupos de contextos vulnerables como las personas migrantes o refugiadas en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la ONU (2020) “La pandemia exacerbará las vulnerabilidades ya existentes, incluyendo un mayor riesgo de matrimonio infantil, trabajo infantil y embarazo adolescente”.
Actualmente, según el informe de estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil de la OIT (2017) la situación de trabajo y explotación infantil en América Latina y el Caribe había descendido hasta un 7,3% frente al 10,8% anterior. No obstante, pese a una reducción de 3,7 millones de personas menos en esta situación, todavía hoy en día se estima que había 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes en el trabajo infantil. La situación de la pandemia amenaza con empeorar estos datos y pone trabas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, a este respecto, tenían previsto erradicar todo tipo de trabajo infantil para el año 2025.
La OIT define el trabajo infantil como una actividad que “priva a niños, niñas y adolescentes de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es peligroso y perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Además, interfiere en la escolarización teniendo en cuenta que imposibilita la asistencia a las clases, obliga al abandono escolar temprano o en su defecto, exige combinar el estudio con un trabajo pesado que insume mucho tiempo, aumentando el riesgo de sufrir violencia.
Ante la situación de trabajo infantil agravada por la crisis de la pandemia cabe la implementación urgente de medidas y estrategias para reducir el impacto desde una toma de decisiones que gire en torno a tres frentes interdependientes. En primer lugar, se hace referencia a la prevención efectiva para por un lado evitar la inserción precoz de los niños, niñas y adolescentes en el mercado laboral en condiciones precarias y de explotación y, por otro lado, para facilitar el acceso a trabajos en condiciones protegidas para jóvenes en edad legal para trabajar.
El segundo de los focos de acción destaca la identificación y localización de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación o en riesgo de perder su trabajo en condiciones protegidas. Finalmente, el tercero se centra en el restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en situación laboral así como de sus familias desde el acceso a sistemas educativos de calidad y a los servicios de salud.
Según el documento elaborado por CEPAL y la OIT, ante la situación actual, resulta imprescindible atender a la necesidad y la urgencia de la crisis. En este sentido, los niños, niñas y adolescentes deben situarse en el centro de las prioridades de acción para elaborar respuestas que consoliden los avances que se habían alcanzado en el terreno del trabajo infantil y alcanzar así los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras metas a nivel nacional.
La promoción y refuerzo de las acciones desde el enfoque preventivo continúan siendo las más efectivas según las evidencias. “La inclusión del enfoque del trabajo infantil en las agendas políticas de reactivación económica y de atención a la población vulnerable será crucial para continuar en la senda hacia el logro de la meta de los ODS”.
