Las políticas implementadas en cualquier país permiten que la sociedad avance hacia estándares de vida de mayor calidad. Cuando las personas a las que mejorará sus vidas son mujeres que han sido víctimas de violencia de género, su implementación debería ser urgente e inmediata. Sin embargo, todavía existen gobiernos que no lo consideran prioridad, como es el ejecutivo andorrano.
A pesar de haberse comprometido firmando el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha y prevención de la violencia contra las mujeres -tratado firmado en Estambul en 2011 y vigente en el principado desde 2014-, el gobierno andorrano se reserva el derecho de continuar dejando impagadas las indemnizaciones a las víctimas de violencia de género en todos aquellos casos en que no hayan sido indemnizadas por la persona que ha ejercido la violencia, médicos financiados por el ejecutivo, aseguradoras o servicios sociales.
De acuerdo con las informaciones de El Periòdic d’Andorra, las asociaciones feministas consideran una farsa que el ejecutivo andorrano adquiera un compromiso que no va a asumir. Esta decisión supone un duro revés para todas aquellas víctimas de violencia de género, puesto que las ayudas económicas contribuyen a que las víctimas puedan huir de las situaciones violentas.
La contundente respuesta de los colectivos feministas se suma a la oleada de demanda de derechos para las mujeres. Por un lado, sigue la intensa lucha por la despenalización del aborto a pesar del conflicto político que supone que uno de los dos jefes de estado sea copríncipe episcopal. Por el otro, el pasado 23 de octubre la asociación Stop Violències denunció en el CEDAW, Convención de las Naciones Unidas, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, mujeres que son introducidas al país cruzando fronteras, situación que facilita el control y erradicación de la esclavitud sexual en el Principado.
Implementar políticas en favor de la mujer debería ser prioritario para cualquier gobierno. Son todavía menos excusables aquellos que son dirigentes de países con dimensiones de ciudades y con elementos a favor como el fácil control fronterizo y, aún así, deciden no intervenir comprometiendo las vidas de muchas mujeres.
