Este pasado viernes una juez de EE.UU. bloqueaba de manera contundente la reforma anunciada en agosto por la Administración de Trump que pretendía detener a las familias migrantes en zonas fronterizas de manera indefinida. La jueza, Dolly Gee, en su fallo se ampara en el Acuerdo Flores, declarando que la reforma es inconsistente al ir contra uno de sus objetivos principales: “favorecer la liberación de menores con el fin de ofrecerles un entorno menos restrictivo apropiado a su edad y acorde a las necesidades especiales de la o el menor”.

Según los medios informan, esta noticia  permite recordar, o para algunas personas conocer, la historia que hay detrás del Acuerdo Flores que se alcanzó en 1997 tras doce años de largos y duros litigios. 

 

La historia del acuerdo judicial tiene su origen en Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para conseguir reunirse con su tía en EE.UU. Su caso fue conocido al ser retenida en la frontera en pésimas condiciones y ser ingresada en un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. Además, el Departamento de Justicia, a través del equivalente actual a la Patrulla Fronteriza, negó la custodia a la tía de la menor. Cuando el caso fue conocido por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL, según sus siglas en inglés) puso una demanda, con el fin de evitar que Flores, y más menores en su misma situación, fueran privadas de libertad  y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, se exigió que se respetaran los derechos y se garantizara el bienestar de las y los menores detenidos, independientemente de la situación.

Esta demanda cuestionó las políticas implementadas en la frontera respecto al trato de los y las menores y concluyó en 1997 con una resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados. Entre otras medidas, el acuerdo limita de facto el tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de las niñas y los niños.

El acuerdo no ha supuesto una solución al fenómeno de la migración al no actuar sobre sus causas, aunque, sin duda, sí consigue proteger los derechos de las y los menores inmigrantes por encima de la situación en la que se encuentren. 

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