Cuando una mujer es asaltada en Estados Unidos, puede acudir a las comisarías de policía, a los hospitales o bien a los centros especializados en violaciones y poner a disposición de la policía evidencias de agresión sexual tan determinantes como el ADN del asaltante. La crudeza del proceso se incrementa ya que puede durar de 4 a 6 horas y es todavía más alarmante si sabemos que cada 98 segundos una persona es asaltada en Estados Unidos, tal y como recoge la iniciativa End the Backlog – poner fin a la reserva de kits-.
Las pruebas se recogen en los llamados Kits de pruebas de violación y su relevancia en las posteriores investigaciones es evidente ya que se puede identificar a los agresores, acreditando el testimonio de las víctimas y, lo que es de especial transcendencia, previniendo futuras agresiones ya que se pueden identificar asaltantes en serie.
Sin embargo, en todos los estados de Estados Unidos cientos de miles de kits han sido almacenados en laboratorios y comisarías sin ser probados, lo cual supone elementos claves “perdidos” para garantizar, en primer lugar, justicia para las víctimas y, además, mayor seguridad para la comunidad.
Ante esta problemática, la Fundación Joyful Heart se ha propuesto como una de sus prioridades de acción desde su fundación en 2004 destapar esta realidad, visibilizarla y avanzar en los procesos de análisis de todos y cada uno de los kits de violación almacenados, bien en comisarías o en los laboratorios de delitos públicos.
A pesar de no conocer con exactitud el número de kits, la iniciativa End the Backlog exige a todos los estados que inviertan recursos y legislen para dar salida a cada una de las evidencias. A este respecto, ya se han obtenido los primeros resultados que derivan de políticas públicas, con un claro impacto social.
Por ejemplo, estados como Alaska, Indiana, Missouri y Carolina del Norte ya han impulsado la creación de inventarios de todos los kits no testados. Estados como Connecticut, Florida, Georgia Illinois y Nueva York han legislado respecto los plazos máximos en que un kit debe ser enviado a analizar. A su vez, Colorado y Massachusetts aprobó por ley que cada uno de los kits almacenados debe ser testado.
California, Kentucky, Oregon, Pennsylvania y Utah deben facilitar a las personas supervivientes el estado de su investigación y, yendo un paso más allá, Arizona, Idaho, Ohio, Texas y Washington otorgan a las supervivientes el derecho a realizar todo el seguimiento de su caso.
El resultado es claro: los kits se acaban testando y, con ello, más agresores son identificados. Con la acción Test Every Kit se han reabierto más de 100.000 casos por agresión sexual. De acuerdo con las palabras de Cyrus Vance, Fiscal del distrito de Manhattan, con la inversión realizada desde Manhattan, en hasta 20 estados de todo el país se ha logrado identificar por el momento 18.000 perfiles distintos de agresores gracias al análisis de ADN. También se han producido 186 nuevos arrestos y 64 condenas, de las cuales 47 son por agresión sexual.
Por fin Estados Unidos quiere acabar con una injusticia intergeneracional que, sin duda, refleja la importancia que los sistemas policiales y judiciales otorgan a este tipo de delitos. Un sistema con sesgo machista que no es nada justo con cada una de las víctimas que han sufrido la agresión y que, posteriormente, han tenido que reportarlo con valentía y coraje en dependencias judiciales durante horas para luego caer en el olvido en las distintas instalaciones.
El sentimiento de “no importar nada”, tal y como relatan las supervivientes, avanza hacia un camino de alivio al ver los esfuerzos que desempeñan distintas entidades, legisladores/as y sociedad civil norteamericana para poner fin a una larga batalla, tanto individual como colectiva.
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