Los tres hombres implicados en el secuestro y agresión sexual a una vecina de Salou están en libertad. Dos de ellos, fueron liberados tras declarar en la comisaría con la obligación de presentarse en el juzgado en caso de ser citados. Según las fuentes, el tercer hombre, de 28 años, también ha sido puesto en libertad por el juzgado de instrucción 6 de Tarragona con los cargos de detención ilegal y agresión sexual contra la mujer retenida en un piso de Salou, Tarragona. Durante el juicio, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Por su parte, el fiscal no solicita ninguna medida cautelar, de modo que ha quedado puesto en libertad provisional. La víctima fue encontrada gracias a la denuncia de un amigo de la víctima, al que ella misma le facilitó la dirección donde los tres agresores la tenían cautiva.
Nos preguntamos ¿cómo no se ha solicitado ni tan siquiera ninguna medida cautelar para el agresor sexual y los secuestradores de la víctima? Este caso es un claro ejemplo de cómo no se aplican las recomendaciones internacionales de derecho, cuando los derechos del agresor están por encima de los derechos de la víctima.
Ana Rubio, catedrática de filosofía de derecho de la Universidad de Granada, destaca en su aportación sobre el género en el derecho y su aplicación en la erradicación de la violencia de género como una de las recomendaciones básicas para garantizar la calidad de la justicia para las mujeres deber ser la protección efectiva garantizando las medidas apropiadas. Esta recomendación surge de la CEDAW, Comité de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer en su Recomendación General sobre el acceso de las mujeres a la justicia, del 3 de agosto de 2015, (CEDAW/C/GC/33). Es como debería recogerse en las noticias, que el juzgado de Salou en este caso ha vulnerado el derecho a una protección efectiva a la víctima, y por tanto no ha contemplado las recomendaciones internacionales en la materia, aumentando el riesgo de reincidencia. Tanto en los movimientos diversos de mujeres, como de derecho, se reclama una mayor efectividad y calidad en la justicia para proteger a las víctimas, es un derecho básico, además de ser uno de las acciones fundamentales para erradicar la violencia de género.
