Actualmente vuelve a ser vigente el debate sobre la pertinencia de llevar a cabo la normativa que regule a las operadoras de internet para facilitar la detección de material de abusos sexuales infantil y así detectar más eficazmente estas agresiones y poner a salvo a las víctimas. El debate se sitúa entre quienes abogan por la regulación absoluta y aquellas personas que quieren proteger que las comunicaciones cifradas sigan siendo privadas.
El 11 de mayo de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta de regulación para establecer normas destinadas a prevenir y combatir el abuso sexual infantil, junto con una evaluación de impacto complementaria. El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo solicitó esta evaluación complementaria de impacto sobre la propuesta.
Este estudio se enfoca en aspectos específicos de la propuesta. Revisa la definición del problema en la evaluación de impacto de la Comisión, evalúa el impacto de la propuesta en Internet y en los derechos fundamentales, considera si se respeta la prohibición de las obligaciones generales de supervisión y evalúa la necesidad y proporcionalidad de las medidas propuestas. También analiza el análisis coste-beneficio de la Comisión Europea que respalda la creación propuesta de un centro de la UE para prevenir y combatir el abuso sexual infantil.
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