Una de las medidas para frenar la proliferación de abusos sexuales a menores es frenar la producción y distribución de material de abusos sexuales online. Por ello, es clave la monitorización de las plataformas digitales sobre sus políticas de prevención, detección y actuación ante situaciones de abusos distribuidos o perpetrados a través de sus plataformas.
En este sentido, la OECD en su informe técnico “Transparency reporting on child sexual exploitation and abuse online 2025”, evalúa las políticas de las 50 plataformas de contenidos más utilizadas del mundo en materia de explotación y abuso sexual infantil (CSEA, por sus siglas en inglés) y amplía su alcance para incluir otras 50 plataformas “intensivas” en facilitar dichos contenidos. El documento, aprobado por el Comité de Política Digital de la OECD el 21 de mayo de 2025, ofrece un diagnóstico riguroso y apunta a la necesidad urgente de mayor transparencia en el sector digital
El informe muestra avances tímidos: el número de plataformas de gran tamaño que publican informes específicos de transparencia sobre CSEA pasó de 20 a 25, pero la mitad de las 50 más grandes todavía no lo hacen. Mejoras en las definiciones de la materia se observan en 20 de ellas, frente a sólo 10 en 2023; sin embargo, 33 servicios no incluyen una definición específica de “niño/a” en sus políticas. En el grupo de plataformas consideradas de uso intensivo para la CSEA (“CSEA-intensive”), sólo 17 emiten dichos informes y, de las 31 plataformas únicas que no figuran en la lista de las 50 mayores, apenas cuatro lo hacen.
El documento destaca también que el uso de las nuevas tecnologías por parte de los abusadores agrava el problema: la generación de material de abuso infantil mediante IA y deepfakes, así como el uso de plataformas cifradas que dificultan su detección, constituyen canales de expansión de la explotación sexual infantil online. Desde el punto de vista regulatorio, el informe recuerda que en 2024 cincuenta y uno de los países firmantes del United Nations Global Digital Compact se comprometieron a supervisar y revisar para 2030 las políticas de plataformas digitales contra la CSEA.
Este informe se enmarca en una tendencia global que también ha sido documentada en estudios científicos: por ejemplo, una revisión reciente señala que la tecnología de IA se está utilizando para producir material de abuso sexual infantil sintético, con implicaciones graves para la protección de menores.
El reto ahora es transformar la transparencia en acción concreta: la sociedad, la industria y los gobiernos deben coordinarse para que las plataformas actúen de manera más rápida, estandarizada y visibilizada. Es urgente que las políticas pasen de declaraciones a datos comparables, que las tecnologías de detección evolucionen y que se establezcan estándares globales que no dejen espacios sin supervisión. Y añadir en su monitorización aquellas interacciones que generan violencia de género aisladora que también perpetúan las agresiones sexuales a menores y su revictimización. Sólo así se podrá avanzar hacia el objetivo compartido de erradicar la explotación sexual infantil en el entorno digital.
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