La Comisión Real propone redes de asesoras de experiencia vivida para que mujeres, jóvenes y comunidades diversas participen directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas de prevención y respuesta
La Comisión Real sobre Violencia Doméstica, Familiar y Sexual de Australia del Sur ha presentado un conjunto histórico de 136 recomendaciones que buscan transformar la respuesta estatal frente a esta problemática estructural. El informe plantea reformas de gran alcance que incluyen desde la creación de un ministerio específico para la violencia de género hasta la implementación de un sistema de datos enlazados que permita coordinar políticas basadas en evidencias.
Entre las medidas destacadas, se propone la elaboración de una estrategia estatal a cinco años que abarque prevención, intervención temprana, respuesta inmediata y procesos de recuperación y sanación. El plan reconoce la necesidad de abordar las desigualdades interseccionales y contempla una estrategia paralela enfocada en comunidades aborígenes, diseñadas en diálogo con sus organizaciones representativas.
La Comisión subraya la importancia de situar a las y los supervivientes en el centro de la toma de decisiones. Para ello, recomienda la creación de Redes Asesoras de Experiencia Vivida, tanto de personas adultas como de jóvenes, que aporten su conocimiento a las políticas públicas y acompañen la implementación de los cambios.
Asimismo, el informe llama a fortalecer la formación especializada de la policía, la judicatura y los profesionales de la salud, para garantizar respuestas informadas en trauma y culturalmente pertinentes. También plantea la necesidad de un sistema de atención integrado con puntos de acceso comunitarios, un servicio telefónico y digital centralizado, y campañas públicas de sensibilización diseñadas junto con colectivos vulnerables: mujeres, niñas y niños, personas LGTBIQ+, con discapacidad o de comunidades migrantes.
Con estas recomendaciones, Australia del Sur sienta un precedente internacional: convertir la lucha contra la violencia en una prioridad transversal de gobierno, sostenida por un compromiso político, social y económico de largo plazo.
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