Decenas de mujeres afganas trabajadoras de la ONU fueron objeto de amenazas de muerte explícitas en mayo. Estos ataques, vinculados con su labor en la misión y agencias asociadas, obligaron a implementar medidas provisionales para garantizar su seguridad, mientras que el Ministerio del Interior talibán negó responsabilidades y prometió una investigación, según el informe oficial de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), que cubre el período de abril a junio de 2025
El informe también revela una creciente brutalidad de las autoridades hacia las mujeres. En Herat, inspectores del Ministerio para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio impusieron el uso obligatorio del chador, impidiendo el acceso a mercados y transporte público. Algunas mujeres fueron detenidas hasta que sus familiares les proporcionaron esta prenda.
En Uruzgan, se registraron detenciones de mujeres por llevar hijab en lugar de burka, mientras que en Ghor y Herat se prohibió el acceso familiar a espacios recreativos en presencia de mujeres. En Kandahar, el informe documenta una nueva exigencia: las trabajadoras de salud deben ir acompañadas por un mahram (guardián masculino) con una identificación formal, un trámite complejo y lento que limita su autonomía.
Esto no es más que una muestra de la escalada represiva que sufre la población femenina en Afganistán desde el regreso de los talibanes. Las medidas documentadas por UNAMA muestran una sistemática erosión de derechos fundamentales: libertad de movimiento, trabajo, y protección frente a amenazas físicas. Este panorama exige una respuesta urgente desde la comunidad internacional, que sitúe a estas mujeres en el centro de la defensa de sus derechos.
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