Para las mujeres y las niñas la migración a menudo representa un salvavidas: su mejor oportunidad de mejorar sus vidas y las de sus familias.
Miles de mujeres y niñas se ven obligadas a migrar cada año y dejar atrás sus lugares de origen por culpa de la violencia enfrentándose a rutas peligrosas que las exponen a violencia de género, secuestros y trata con fines de explotación laboral. La falta de vías migratorias seguras y regulares incrementa estos riesgos, obligándolas a recurrir a medios muy peligrosos.
La cooperación internacional es esencial para proteger a estas mujeres y niñas y por ello, organismos como ONU Mujeres destacan la necesidad de ampliar canales de migración regularizados que ofrezcan condiciones laborales justas y seguras, permitiéndoles una participación plena y equitativa en la sociedad. En este sentido, sus derechos humanos deberían ser garantizados, independientemente de su condición migratoria en todo momento.
Iniciativas como como por ejemplo Trayectos de ONU Mujeres, financiada por el Gobierno de Japón, abordan estos desafíos en puntos clave de las rutas migratorias en Costa Rica, Honduras y Panamá. Este programa proporciona atención psicológica, kits de protección y mejoras en albergues temporales, además de capacitar a comunidades locales y personal fronterizo con la finalidad de asegurar respuestas con perspectiva de género.
De ahí que sea una prioridad que las políticas incorporen la protección a los derechos humanos de todas las personas en movilidad y tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. La acción coordinada de gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil es crucial para garantizar su seguridad y el bienestar de mujeres y niñas migrantes, reconociendo su contribución significativa al desarrollo económico y sociocultural de los países de tránsito y destino.
