
Un político que tuvo acusaciones similares a las de Errejón hace de tertuliano en un medio público donde hizo los siguientes comentarios: que no tenemos que dividir entre víctimas y acosadores, y que no tenemos que enviar a estos a la hoguera.
La cobertura mediática de casos de acoso sexual ha evidenciado incoherencias que resultan especialmente preocupantes en un contexto donde es urgente dar voz a las víctimas para erradicar estas situaciones. Un ejemplo reciente es el caso de Errejón, que ha destapado sorpresas sobre la gestión de estas problemáticas dentro de ciertos sectores de la izquierda. Sin embargo, en lugar de centrarse en amplificar las voces de quienes sufren el acoso, algunos medios de comunicación optan por invitar a sus tertulias a personas que han sido acusadas de este tipo de conductas, para discutir sobre cómo erradicar el acoso en sus propias organizaciones.
Este enfoque resulta contraproducente y termina enviando un mensaje ambiguo. En vez de poner en el centro del debate a las víctimas y sus testimonios, se permite que aquellos que han sido señalados por conductas inapropiadas ocupen el espacio mediático, restando así visibilidad y relevancia a quienes realmente deberían ser escuchadas. Además, en estas tertulias se plantean cuestiones que desvían el problema, como la necesidad de analizar cómo el machismo entra en el cerebro de los hombres. Esto simplifica y casi biologiza una cuestión que es claramente social y estructural, sugiriendo un determinismo que paraliza cualquier posibilidad de cambio.
En estas discusiones, también se oyen afirmaciones que buscan minimizar las diferencias entre víctimas y agresores, lo que suele traducirse en una victimización de los acosadores y una invisibilización de quienes sufren el abuso. Se habla de la necesidad de evitar «quemar en la hoguera» a los acusados, pero esto no debe confundirse con la obligación de asegurar un proceso justo. Es imprescindible que las denuncias se puedan hacer en un entorno seguro, donde se garantice a las víctimas protección, credibilidad y medidas adecuadas para su amparo. Sin estas garantías, el miedo y la desconfianza seguirán siendo obstáculos para que muchas víctimas se atrevan a dar el paso de denunciar, perpetuando así un ciclo de impunidad y sufrimiento.
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