Saridewi Djamani, de nacionalidad singapurense, declarada culpable de traficar con 30 gramos de heroína en 2018. Esta ejecución supone la segunda condena por tráfico de drogas que se ejecuta en la misma semana, con 15 ejecuciones desde marzo de 2022, como informa la BBC.
Singapur posee algunas de las leyes antidroga más duras del mundo, justificándolas como necesarias para salvaguardar la sociedad. Según la ley de Singapur, la pena de muerte es obligatoria para las personas sorprendidas traficando con más de 500 g de cannabis o 15 g de heroína.
La Oficina Central de Estupefacientes (CNB) de Singapur declaró que Saridewi había recibido un proceso legal justo, habiendo sido condenada a muerte el 6 de julio de 2018. Su recurso contra la condena fue desestimado por el más alto tribunal de la ciudad el 6 de octubre del año siguiente, y su petición de indulto presidencial no tuvo éxito.
Su ejecución se produjo sólo dos días después del ahorcamiento de otro singapurense, Mohd Aziz bin Hussain, que había sido condenado por tráfico de 50 g de heroína en 2017.
Han surgido críticas por parte de personalidades como el multimillonario británico Sir Richard Branson, que condenó las ejecuciones de Singapur, afirmando que la pena de muerte no disuade de la delincuencia y que los pequeños traficantes de drogas necesitan ayuda y no un castigo severo.
En el momento de su ejecución, Saridewi era una de las dos mujeres condenadas a muerte en Singapur, lo que la convertía en la primera mujer ejecutada en la ciudad-estado desde 2004. El Colectivo Justicia Transformativa, un grupo de derechos humanos con sede en Singapur, proporcionó esta información.
Durante su juicio, Saridewi reconoció que traficaba con drogas pero minimizó la magnitud de sus actividades, afirmando que había estado almacenando heroína para uso personal durante el mes de ayuno islámico.
Aunque las autoridades de Singapur sostienen que las estrictas leyes sobre drogas contribuyen a mantener la ciudad como uno de los lugares más seguros del mundo y afirman que la pena capital por delitos de drogas goza de un amplio apoyo público, los defensores de la pena de muerte cuestionan estas afirmaciones. Chiara Sangiorgio, de Amnistía Internacional, declaró que no hay pruebas que sugieran que la pena de muerte actúe como único elemento disuasorio o que afecte al consumo y la disponibilidad de drogas. La organización criticó a Singapur por desafiar las salvaguardias internacionales relativas al uso de la pena de muerte y destacó que, junto con China, Irán y Arabia Saudí, Singapur es uno de los cuatro únicos países que han llevado a cabo recientemente ejecuciones relacionadas con las drogas.
