La fundación Feminist Majority ha publicado la necesaria mejora que se debe realizar en la aplicación del Título IX sobre el acoso sexual que se da en las universidades. La necesaria protección efectiva a las personas supervivientes es una necesidad urgente. Tal y como se recoge en el informe de NCWGE, las estudiantes rara vez informan debido a que siguen sufriendo temor a que no las crean o las castiguen, algunas medidas siguen siendo insuficientes, y con los cambios acontecidos en la etapa de Trump, la denuncia se tornó menos accesible.
Como ejemplo detallan como antes las investigaciones ante una denuncia antes se debían completar en un plazo máximo de seis meses, y en este momento en cambio pueden permanecer abiertas siempre, a demás las audiencias abiertas con contrainterrogatorios no tienen en cuenta lo difícil e incluso poco ético que le supone a una víctima pasar por dicha audiencia en vivo o interrogatorio, puesto hay estudiantes que desean permanecer en el anonimato y no sufrir este tipo de exposiciones públicas. Los datos demuestran cómo este hecho es una de las razones principales de abandono de su formación superior, y por tanto el sistema falla ante su obligación de proteger a las víctimas.
Por ello, lo que se sugiere es aplicar medidas realmente protectoras y efectivas, y sanciones más severas a los agresores, además de sancionar aquellas universidades que no cumplen con su deber de proteger ante la agresión sexual. Sin consecuencias reales, el riesgo es que quede en papel mojado, y no se tome con la suficiente seriedad el objetivo de crear espacios seguros libres de violencia de verdad.
