En las últimas semanas de marzo ha sido noticia las huelgas convocadas por estudiantes en la capital de Chile, ocasionando el cierre de algunos centros educativos a causa de la creciente indignación levantada por casos de comportamiento sexistas y violentos. Estas protestas se dan tras la vuelta a las clases presenciales tras dos años de encierros por covid-19.
Las protestas, a las que se han sumado cientos de estudiantes, ha sido motivadas por diversas denuncias de acoso sexual y agresión sexual a alumnas de diferentes centros educativos de prestigio de Lastarria en Santiago de Chile (The Guardian).
Uno de las denuncias se dio gracias a la difusión de diversas capturas de pantalla de conversaciones que se habían dado en chats, en que chicos supuestamente hablaban de agredir sexualmente en grupo a sus compañeras, recordando el caso de la manada y haciendo referencia al mismo como “inspiración”. Asimismo, también se han denunciado casos en que se han compartido fotos íntimas de chicas en las redes sociales sin su consentimiento. Dos hechos muy graves que están siendo investigados y que ha supuesto el pronunciamiento de un comunicado público por parte de la alcaldesa de la municipalidad, donde se están organizando las protestas en solidaridad con las víctimas de estos abusos.
Este mismo mes de marzo también se ha dado otro caso en un centro educativo de la capital de Chile, en que una alumna de 14 años fue supuestamente agredida sexualmente en el aula por un alumno durante el descanso del almuerzo. Tanto familias como alumnado exigen explicaciones al centro educativo y su equipo directivo, a quienes las familias apuntan que confían a sus hijos e hijas cada día.
El último informe de la UNESCO alerta del impacto del daño ocasionado a la infancia después de todo el tiempo en que las escuelas han estando cerradas. El Departamento de Educación del Gobierno señalan que las denuncias de acoso sexual de los escolares ha aumentado un 56% en 2022, respecto los datos de 2018.
Sin duda conocer estos casos extremos son indicio de que en los centros educativos la violencia se da de manera habitual. Por tanto, urge aplicar aquello que las evidencias científicas demuestran que es efectivo en estos casos, aquellas claves que contribuyen a afrontar esta realidad en los centros educativos. Porque, al igual que exigiríamos que en un hospital aplicaran un tratamiento ante un enfermedad que están siendo devastadora, también cabe exigir un respuesta al profesorado, equipos directivos y departamentos de educación, etc. que apliquen aquello que consigue proteger a la infancia de la violencia y de las consecuencias en la vida de quien la sufre.
