En la era del Big Data, término usado para describir el manejo y análisis de enormes cantidades de información como, por ejemplo, de 30-50 TB a petabytes (entendiendo un TB -terabyte- como 1000 gigabytes o 1 millón de megabytes), todas las personas estamos familiarizadas con el hecho de compartir información personal a diestra y siniestra. En los perfiles de las redes sociales que usamos, en las apps de contactos, en los gustos ante la ropa que preferimos, las lecturas ideales y un largo etcétera. No es nada nuevo que muchas empresas basen sus estrategias de marketing en el análisis de todos esos datos que regalamos, conscientemente o no, y tampoco es novedosa la preocupación ante la privacidad ante este tsunami que mueve el mundo. 

En el artículo A New Compact for Sexual Privacy, Danielle Keats Citron, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, propone trabajar en un nuevo pacto que garantice la privacidad sexual, expone los motivos y propone soluciones para ello. Basándose en la legislación estadounidense, Keats Citron hace una recopilación de diferentes entornos en los cuales se necesita trabajar en la privacidad. Las empresas que se dedican a recoger estos datos lo hacen de manera rutinaria, aglutinando millones de bytes de información codificada, pero esta información se debe tratar con sumo cuidado debido a que son fuentes de temas estrictamente personales como, por ejemplo, datos relacionados con la salud sexual y reproductiva (apps para monitorizar la ovulación, por ejemplo), webs de contenido para adultos o aplicaciones de citas, entre otras. 

Según el estudio realizado, unos de los peligros por el cual se debe tener una legislación fuerte y llegar a un pacto para la privacidad sexual, son los data-brokers, que se dedican a vender listas de datos con información sensible en las que clasifican la información por perfiles. Estas listas pueden contener “información básica como nombres, direcciones, empleadores e información de contacto, con material mucho más sensible. Detallan las preferencias sexuales de las personas, el consumo de pornografía, la compra de juguetes sexuales, el uso del servicio de acompañantes y las opciones reproductivas”. La industria creada detrás de este tipo de venta de información genera doscientos mil millones de dólares anuales por comercializar con datos que provienen de registros gubernamentales, anunciantes y empresas de análisis, no siempre con el conocimiento de las personas, lo que va en contra de sus derechos. 

El objetivo de legislar un pacto fuerte para la privacidad sexual es la libertad de cada persona de decidir qué quiere compartir y qué no, que seamos nosotros/as mismos/as quien gestionemos los límites de nuestra vida íntima. Que cada persona tenga la opción de decidir libremente sobre la sexualidad, sobre el género y la salud sexual y reproductiva con total privacidad. Para iniciar el cambio, Keats Citron propone, además de replantear el tema de la privacidad de datos, que se reforme la ley para limitar la recolección de este tipo de datos utilizando restricciones, por ejemplo, para las aplicaciones que obligan a los usuarios y usuarias a describir información privada para poderlas utilizar. 

De momento, a nivel estatal, el Código Penal español penaliza difundir contenido íntimo en el título X (Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio), artículo 197, punto 7: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. 

El debate es amplio, con muchos matices, ya que poder recoger este tipo de datos puede ser útil para luchar en contra de la pornografía infantil y otros delitos. Pero, por este mismo motivo, tener una fuerte legislación detrás que favorezca a las víctimas y penalice a las personas que vulneran los derechos humanos, es un tema urgente y necesario. 

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