Recientemente se denunció en el Regimiento de Artillería de Campaña de Tenerife un presunto caso de delito de odio basado en las presuntas humillaciones e insultos a una sargenta. Desde sus inicios en el cuerpo, mayo de 2015, ella denuncia haber recibido ataques apelando a su apariencia física y a su orientación sexual.

A pesar de haber pedido ayuda en reiteradas ocasiones a diferentes superiores suyos, la sargenta afirma que siempre se le negó menospreciando sus quejas, revictimizándola y tratándola de exagerada. Estas respuestas son similares a las que alegan víctimas de acoso en muy diferentes espacios, como por ejemplo las universidades, dado que se trata de denuncias internas que implican responsabilidades y la toma de posturas por parte de quienes mantienen los cargos de poder.

El caso denunciado ha sido absuelto en un tribunal militar alegando que se trata de diferencias entre personas que pretenden ocupar los mismos cargos, competencias laborales, sin entrar al detalle de lo sucedido ni tratar de encontrar medidas que protejan a la víctima, según se ha publicado en El País. La noticia pone de relieve la necesidad de promover espacios seguros con protocolos valientes que protejan siempre a las víctimas, indistintamente del puesto de poder que ocupe el agresor.

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