El 7 de julio de 2014 Theresa May, entonces ministra del Interior británica, anunciaba la Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA por sus siglas en inglés) La iniciativa nacía de la necesidad de examinar el grado en que las instituciones del país estan cumpliendo su deber de proteger la infancia del abuso sexual a raíz de que el escándalo de Jimmy Savile sacara a la luz los abusos generalizados que destacadas personalidades del mundo de los medios de comunicación y de la política británica habían estado cometiendo durante décadas.
Aquellos hechos pusieron en tela de juicio la eficacia de la protección que instituciones y organizaciones responsables del bienestar infantil deben ofrecer. Tras sufrir algunas modificaciones con respecto a su configuración inicial, entre otras la dimisión de sus dos primeras presidentas, la baronesa Butler-Sloss y Fiona Woolf por percibirse que eran cercanas a personas e instituciones involucrados, finalmente, la investigación arrancaba en 2015 con nueva presidenta al frente, Dame Lowell Goddard, una jueza del Tribunal Superior de Nueva Zelanda, que no tenía vínculos de ningún tipo con las organizaciones o las personas del Reino Unido que pudieran acabar siendo investigadas, bajo el paraguas de la Ley de investigaciones del 2005 de Reino Unido que, además de darle carácter legal, otorga poderes incluso para obligar a declarar bajo juramento a quien se considere necesario o examinar información clasificada.
No ha sido un proceso fácil hasta su consolidación. Un año después, la sucesora de May como secretaria del Interior anunciaba la dimisión de Goddard alegando entre otras causas el legado de fracaso de la investigación y así es como se nombraba un cuarto presidente, Alexis Jay, y en 2017 el grupo Sobrevivientes del Abuso Organizado e Institucional (SOIA) anunciaba su salida de la comisión expresando que ésta no era adecuada para sus propósitos.
Sin embargo, y a pesar de sus tumultuosos comienzos, la comisión de investigación salió adelante y ha continuado trabajando durante este tiempo a través de diversas investigaciones y audiencias públicas con el fin de recopilar todos los hallazgos y evidencias para, en base a las mismas, elaborar las orientaciones dirigidas a proteger mejor a las personas menores en el futuro.
En estos momentos, la comisión acaba de cerrar una de las investigaciones que llevaba en curso, sobre la Iglesia Anglicana, tras ser invitada por el Arzobispo de Canterbury a someter a examen la institución, cuyo Informe ha sido publicado recientemente. Pero el análisis no sólo afecta a las instituciones eclesiásticas y religiosas, sino que es mucho más exhaustivo y amplio. Actualmente están abiertas investigaciones sobre los siguientes temas o ámbitos: Explotación sexual infantil por redes organizadas, Liderazgo eficaz en la protección infantil, Respuestas institucionales a las acusaciones relativas a Lord Janner, Consejo de Lambeth, Organizaciones y entornos religiosos, Escuelas residenciales, La iglesia católica romana.
Y ya se han sometido a evaluación otras tantas como por ejemplo Rendición de cuentas y compensaciones, Cambridge House, Knowl View y Rochdale, Infancia en instituciones de custodia, Menores fuera del Reino Unido, Consejos de Nottinghamshire, Internet, Westminster. Viendo la variedad de los espacios que se han investigado y tal como demuestran las evidencias científicas, queda claro que el abuso sexual infantil no es exclusivo de ciertos entornos sino que son otros los factores de riesgo.
En línea con ésto, la idea de crear un observatorio cuya misión sea someter a evaluación la eficacia con que las organizaciones e instituciones están cumpliendo su deber de proteger la infancia del abuso sexual es una inciativa a valorar en la lucha contra esta lacra social. Se trata de un llamado a la responsabilidad que va más allá de las personas y recuerda que las instituciones y el Estado tienen la obligación, por una parte, de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la infancia en todos los espacios, y, por otra, de proporcionar información y herramientas que no sólo visibilicen los errores, sino que éstos se puedan transformar, lo que, como en cualquier otro aspecto, pasa por una evaluación pública y transparente. Aún con margen de mejora, ojalá se materializase algo así en todos los países
