Desde que se comenzó a contabilizar como víctimas en las estadísticas oficiales de violencia de género hace siete años, han sido 35 los niños y niñas asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. La última ha sido Ciara, de tres años, quién fue asesinada junto a su madre por parte, presuntamente, del padre.

Esta es una problemática de extrema gravedad. Desde hace años, es un reclamo por parte de organizaciones y movimientos contra la violencia de género que haya una mayor y mejor protección para los y las menores. A nivel político, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado que exista para ellos y ellas un sistema específico de seguimiento integral al margen del que ya existe para las mujeres. 

Otro de los puntos fundamentales para que la protección sea más efectiva es la integración y el trabajo coordinado en red de todas las administraciones que atienden al menor, desde la policía hasta los servicios sociales.

Además, como uno de los puntos esenciales, Fernández Marugán reclama que existan revisiones del régimen de visitas y custodia, y poder suspenderlo en el caso de que el progenitor sea un maltratador. Otro de los factores que piden que sea incluido en estas revisiones es que se permita el empadronamiento de las mujeres y los niños y niñas en lugares donde estén protegidos y no tengan que dar su dirección. 

Del mismo modo, se requiere que los puntos de encuentro familiar realicen informes de seguimiento que permitan detectar cualquier indicio de riesgo para el menor.

Muchas de estas medidas ya estaban incluidas en el Convenio de Estambul celebrado hace cinco años. Por ello, el trabajo que queda por hacer es seguir las recomendaciones y actuaciones avaladas por las evidencias científicas. Como premisa básica, escuchar y creer a las víctimas, tanto a los niños y niñas, como a las mujeres.

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