Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México es una iniciativa de la ciudadanía que pretende recuperar la seguridad y garantizar la justicia para todas las personas, ya sea en la capital o sus alrededores. Esta organización trata de promover la cultura cívica, invitando a la solución de conflictos desde el diálogo, el respeto y exigiendo una vida libre de violencia en un entorno seguro para todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas y, para ello, impulsa acciones dirigidas a luchar contra la violencia de género, la delincuencia y el crimen organizado, el abuso y la corrupción policial.

Uno de los servicios de mayor impacto que ofrece a las y los ciudadanos es la atención a través de una línea telefónica de ayuda. La Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533-5533) se ofrece como un recurso para que las víctimas de violencia puedan denunciar y/o recibir atención psicológica y jurídica. 

En la noticia que publica la organización, este medio recibió sólo en seis meses 132.887 llamadas y se atendieron 2.095 conversaciones vía whatsapp. El 30% de los reportes hacen referencia a casos de extorsión. Un ejemplo de esto último es el fraude del que recientemente se hacían eco algunas ediciones digitales del país o la misma organización, conocido como La Patrona o El Sobre Amarillo el cual se caracteriza por haber elegido entre sus víctimas a empleadas domésticas.

En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  el 4, 57% de la población en edad activa para trabajar, es personal de trabajo doméstico remunerado. El 90% de la población inserta en este sector, son mujeres siendo el trabajo en el que más mujeres indígenas se emplean, las cuales, generalmente, no han accedido a estudios académicos o  son muy precarios. Los delincuentes se aprovechan de su vulnerabilidad, la falta de información y comunicación que se da muchas veces con sus contratadores o contratadoras, su lealtad y la voluntad por socorrerlos; les persuaden y engañan haciéndoles creer que la persona para la que trabaja ha tenido un accidente o se encuentra en una situación de urgencia similar y que son el abogado de la familia o una especie de asesor. Es entonces cuando les piden dinero. Consejo Ciudadano denunciaba haber registrado un total de 1.069 casos entre 2.018 y lo que llevamos de 2.019, una cifra nada desdeñable. Los mismos datos fueron compartidos a las autoridades pertinentes para iniciar una campaña interinstitucional.

Así pues, gracias a la labor que esta organización realiza a través de la línea telefónica, se ha podido constatar con cifras que se trata de un fraude que consiste en utilizar a las trabajadoras domésticas como instrumento para acceder al dinero y objetos de valor de sus empleadores o empleadoras y, con ello, contribuir a disipar cualquier sombra de duda sobre las empleadas aumentando las posibilidades de proteger sus puestos de trabajo y especialmente su inocencia, evitando su revictimización.

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