Esta semana estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico han declarado “estado de emergencia” ante la violencia persistente e histórica contra las mujeres en las universidades y la “negligencia” de las autoridades en la gestión de estos casos. Fue a partir de la denuncia de una docena de estudiantes de la UCR en la que presentaban diversas acusaciones por acoso sexual contra un mismo catedrático de la Facultad de Derecho. Sus relatos señalan que las obligaba a ver pornografía y les decía que les aprobaría si salían con él.
Se trata de un posicionamiento valiente que rompe el silencio ante el acoso sexual en las universidades de Costa Rica, que coge el impulso del movimiento estudiantil creado en octubre de 2018 en solidaridad con las víctimas de acoso en la universidad. A día de hoy, el activismo que se ha ido tejiendo ha conseguido visibilizar la problemática a través de la campaña en las redes sociales con los hashtags “A mi me pasó en UCR” y “A mi me pasó en la UNA”, que recogen de manera anónima los casos de acoso sexual de los profesores y alumnos. Hasta el momento se han conseguido más de 150 denuncias, las cuales describen cómo se han dado estos delitos, según informa la BBC.
El Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica (Inamu) considera el movimiento estudiantil un caso sin precedentes de lucha de las jóvenes contra el acoso y los derechos de las mujeres. Entre sus acciones, las estudiantes reclaman ir más allá de la visibilización y protestan que las instituciones no protejan y apoyen a las víctimas ya que, aunque se ha conseguido dar a conocer un alto número de casos de acoso en la universidad, señalan que el nivel de denuncias ante las autoridades es muy bajo, lo cual atribuyen al miedo a denunciar.
En cambio, Costa Rica cuenta desde 1995 con una Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia que obligó a todas las instituciones y lugares de trabajo a tener reglamentos propios y garantizar procesos de sanción. En el caso de la URC, se creó la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que en los últimos cuatro años registró 18 casos de personas sancionadas y 17 denuncias en 2018. Y en la UNA se cuenta con un reglamento para prevenir, investigar y sancionar los hostigamientos y dos instituciones especializadas: la fiscalía contra el hostigamiento sexual y la comisión de resolución de la denuncia sobre el hostigamiento sexual.
Ahora las estudiantes reclaman a sus rectores que investiguen la gestión del acoso sexual en las universidades que dirigen. Esperamos que la investigación siga su curso. Mientras, es la fuerza del feminismo, saber que no estamos solas, el motor imparable que les permite actuar en solidaridad.
