Con la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, el plazo en el que los delitos más graves contra menores prescriban empezará a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años. Esto supone un importante cambio respecto al anterior funcionamiento, que establecía el inicio del plazo para la prescripción de estos delitos cuando la víctima llegaba a la mayoría de edad.
En la elaboración de este anteproyecto han participado personas expertas en el ámbito judicial, educativo, sanitario, del Tercer Sector y también han contribuido representantes de la infancia. Según informan los medios, organizaciones como Save The Children piden que el plazo en que se comienza a contar el periodo de prescripción del delito comience cuando la víctima cumpla 50 años para evitar que los casos lleguen a archivarse, ya que muchas víctimas denuncian cuando son adultas.
Además, con este anteproyecto (que modificará 11 leyes), las víctimas solo tendrán que prestar declaración una sola vez y en ningún caso delante de su agresor. Esto supone un cambio importante ya que, hasta el momento, la víctima tenía que declarar hasta 4 veces y en ocasiones delante de la persona agresora.
También se modifica el Código Penal de forma que las personas condenadas por agresiones sexuales a menores no podrán tener permisos penitenciarios hasta cumplir al menos la mitad de la pena y se restringe las posibilidades de solicitar la libertad condicional cuando se ha alcanzado 2/3 partes de la condena.
En el ámbito educativo, las escuelas contarán con protocolos para la prevención, detección y actuación ante casos de violencia. Para garantizar la aplicación de estos protocolos, se crea la figura de Coordinación de Bienestar y Protección. Además de en las escuelas, estos protocolos también serán puestos en marcha en hospitales y otros espacios sanitarios, deportivos y de ocio. El Ministerio de Justicia señala que para estos dos últimos ámbitos se crea la figura del “Delegado de Protección”, quien asegurará que las medidas de prevención, detección y actuación en casos de violencia se lleven a cabo de manera eficaz.
La infancia es un colectivo especialmente vulnerable. Este anteproyecto busca garantizar la protección de todos los niños y niñas a través de la implicación de los diferentes ámbitos sociales en los que participan, para que puedan hacerlo libres de violencia.
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