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En algunas universidades todavía persisten dinámicas de poder profundamente injustas que afectan especialmente a las personas más vulnerables, como las becarias. Un ejemplo claro es el de una jefa que ejerce su autoridad de manera abusiva, desvalorizando constantemente a quienes trabajan bajo su supervisión. Su discurso es recurrente: nadie está a su altura, nadie lo hace tan bien como ella. Aprovecha cada reunión, cada interacción, para desacreditar y humillar públicamente a las becarias, tratándolas de ineptas, ignorando sus esfuerzos y menospreciando sus aportaciones. Esta forma de liderazgo tóxico no solo destruye la autoestima de quienes empiezan su carrera académica, sino que también perpetúa una cultura del miedo y del silencio.

Pero cuando las becarias, cansadas de esta situación, deciden dar un paso valiente y denunciar el abuso de autoridad, la reacción de la jefa cambia. Ya no se trata solo de humillar: ahora comienza una estrategia de ataque. Se enfurece, se siente amenazada, y en lugar de asumir responsabilidades, decide inventar calumnias contra quienes apoyan a las víctimas. Así, busca aislarlas aún más y proteger su posición, utilizando la difamación como herramienta de defensa.

Este tipo de comportamientos no son aislados, y por eso es fundamental visibilizarlos. Las universidades deben ser espacios de aprendizaje, respeto y crecimiento profesional, no de maltrato ni de abuso de poder. Proteger a quienes se atreven a denunciar es imprescindible para transformar la cultura institucional. Y apoyar a quienes alzan la voz no debería ser motivo de represalia, sino un deber ético y colectivo. El silencio cómplice perpetúa la impunidad; la acción solidaria, en cambio, abre caminos hacia una universidad más justa e igualitaria.

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