V ha sido seleccionada para un contrato postdoc de más nivel de la Unión Europea y ya tiene publicaciones de más nivel de impacto internacional que quienes la evalúan en su Comunidad Autónoma. Pero los criterios son “abiertos” a la valoración de la calidad que hacen los evaluadores, en lugar de serlo por criterios objetivos internacionales. Cuatro años después, siguen suspendiéndola. Ya le dijeron muchas veces lo caro que le iba a costar ser la primera en denunciar al acosador más compulsivo de su área de conocimiento. 

Cuando V defendió su tesis doctoral, ya se decía por los pasillos que no podía quedarse en esa universidad por ser “conflictiva”, es decir, por no callar ante todo lo que estaba ocurriendo. Se fue a trabajar a otra universidad, en otra comunidad autónoma, pero lo que no se esperaba, es que cuatro años después, una agencia de calidad todavía la suspendiera, por cuarta vez, la acreditación básica para poder optar a una plaza universitaria en su propia comunidad. Ni los propios evaluadores niegan su currículo y trayectoria científica, aun así, no le aprueban la acreditación.

En este tiempo, V logró ya una acreditación superior a la básica en el sistema nacional de reconocimiento universitario, así como la acreditación de profesorado en el sistema propio de la comunidad autónoma a la que se trasladó, donde también le reconocieron un tramo de investigación, correspondiente a seis años de producción científica. 

Esta es una represalia más dentro de la larga lista de perjuicios que sufren las personas por haber roto el silencio o por apoyar a las víctimas que lo hacen. Con cada vez más apoyo social lograremos que las víctimas denuncien sin ser revictimizadas y puedan quedarse en la academia si así lo desean.  

 

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