Esta semana ya avanzábamos lo que suponía difundir vídeos violentos, independientemente del tipo de violencia que sea, y lo importante que es el posicionamiento de medios y redes sociales. Pues bien, el pasado viernes el gobierno australiano adelantaba una nueva propuesta de ley según la cual los ejecutivos de las redes sociales y medios podrían pasar hasta tres años en prisión y sus entidades serán multadas con el diez por ciento de su facturación en caso de no eliminar de forma rápida el material violento de sus plataformas.
Esta nueva ley implicaría también a Facebook y a Alphabet (Google), propietaria de Youtube, cuya rapidez de actuación fue puesta en cuestión a raíz del atentado de Christchurch, en Nueva Zelanda. El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, ya escribió una carta al Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, y creó un grupo de trabajo entre compañías y medios sociales para abordar el problema e incluirlo en la agenda de la próxima cumbre de líderes del G20, que se realizará en junio en Japón y será presidido por Abe precisamente.
Durante esta próxima semana se presentará la ley al Parlamento australiano y, si se aprueba, la no actuación de plataformas y medios así como su ineficacia para frenar lo más rápido posible la violencia, será considerada un delito penal y sus multas podrían ser considerables.
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