Azotadas en público, urgencia internacional para frenar la violencia del regimen talibán hacia las mujeres
En una investigación publicada hoy por The Guardian, tres mujeres afganas —Deeba, Sahar y Karima (pseudónimos)— se deuncia cómo fueron arrestadas, juzgadas sin representación legal y azotadas públicamente por el régimen talibán tras ser acusadas de “crímenes morales”, como salir sin acompañante masculino (mahram) o como en el caso de Sahar fue arrestada cuando su primo intentaba llevarla al médico. Obligada a confesar bajo amenaza de tortura, recibió 30 latigazos ante su familia, incluidos su madre y su hermana menor, quien rompió en llanto al verla castigada con tanta violencia y crueldad.
Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, más de mil personas, al menos 200 de ellas mujeres, han sido flageladas en público, según registros judiciales y medios afganos como Zan Times. La verdadera cifra podría ser mucho mayor.
Desde la ONU Mujeres se ha instado a que se reconozca como apartheid de género la situación sufrida por las mujeres, la violencia es constante desde el recorte de todos sus derechos hasta la violencia física infligida por la policía moral, e instando a la comunidad internacional a reconocer legalmente esta opresión sistemática como un crimen de derecho internacional. Además, se insta a la comunidad internacional a no reconocer al régimen talibán hasta que se respeten plenamente los derechos de las mujeres y niñas afganas. La organización continúa trabajando en colaboración con otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales para proporcionar asistencia humanitaria y apoyo a las mujeres afectadas por estas políticas represivas.
Una de las acciones realizadas por cinco países es la Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): Canadá, Australia, Alemania y los Países Bajos presentaron en 2024 una demanda contra el régimen talibán ante la CIJ por discriminación de género, basándose en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que Afganistán ratificó en 2003. Esta acción busca establecer precedentes en la justicia de género y presionar al régimen para que revierta sus políticas discriminatorias.
La demanda presentada por Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Afganistán por violaciones a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se encuentra en una fase preliminar. Actualmente, estos países están cumpliendo con el requisito de intentar resolver la disputa mediante negociaciones y, en caso de no lograrlo, procederán a solicitar un arbitraje, tal como estipula el artículo 29 de la CEDAW. Este proceso puede extenderse hasta un año antes de que el caso sea formalmente presentado ante la CIJ,
Además de esta acción ante la CIJ, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado órdenes de arresto contra el líder supremo talibán, y el jefe del aparato judicial afgano, por presuntos crímenes de lesa humanidad, específicamente por persecución por motivos de género. Esta sería la primera vez que se emiten órdenes de arresto por este tipo de crimen en el contexto afgano.
Estas acciones legales internacionales reflejan un esfuerzo concertado para responsabilizar al régimen talibán por las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán. Sin embargo, el proceso legal es complejo y prolongado, y su efectividad dependerá de la cooperación internacional y del seguimiento continuo por parte de la comunidad global.