El pasado mes la Audiencia Provincial de Murcia ordenó el ingreso en prisión de tres de los trece condenados por explotación sexual de menores en Murcia. Buscaban adolescentes vulnerables, insistían y presionaban hasta convencerlas de que podrían ganar mucho dinero “dejándose acompañar y tocar” por “señores mayores”. A algunas de las chicas las contactaron en discotecas light, a otras en su centro escolar y, con una de ellas contactaron a través de un anuncio que la menor había puesto ofreciéndose como canguro. Mostraban sus fotos a hombres interesados en tener sexo con menores y acababan por explotarlas sexualmente en pisos, despachos y locales a los que las trasladaban en taxis piratas. Los interesados eran hombres de edad avanzada y “buena situación económica”, según la definición de la Fiscalía.
Debido a que esta trama fue desarticulada hace diez años, las penas solicitadas por la Fiscalía han quedado sustancialmente reducidas por la aplicación del atenuante de ‘dilaciones indebidas’ en el procedimiento, lo que ha derivado en que solo tres de los condenados ingresen en prisión, y se haya suspendido la ejecución de las penas de prisión para el resto de los condenados.
Los magistrados señalan la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre las víctimas, “el miedo que aún sienten a que contacten con ellas, la afectación emocional que manifiestan al rememorar los hechos, el enorme esfuerzo que ha supuesto para ellas el volver a enfrentarse a unos recuerdos tan dolorosos y, en el caso más grave, la ayuda psicológica mantenida en el tiempo».
Si de verdad queremos acabar con la trata con fines de explotación sexual de menores, con el abuso, acoso y violencia sexual contra las menores, es tiempo ya de dejar de lado los dobles discursos, la doble moral; de dejar de proteger a los agresores independientemente de quiénes sean. Los discursos que en el pasado defendieron quienes buscaban su propio beneficio encubierto como ‘libertad sexual’ y se opusieron a que existiera una legislación defensora de los derechos de la infancia, tienen que dar paso a un diálogo social que impulse una legislación realmente garante de una verdadera libertad sexual para todas las personas.
Tenemos que mirar a la ciencia y acercar a la ciudadanía las mejores investigaciones sobre este tema que están teniendo un mayor impacto social y político; mirar a los gobiernos y sociedades que están consiguiendo acabar con esta crueldad, que se están posicionando claramente a favor de las víctimas y en contra de agresores y explotadores sexuales. El caso de Murcia nos recuerda que es vital que también en nuestro país se avance de manera firme y decidida en políticas públicas basadas en evidencias científicas de impacto social y con enfoque de derechos humanos, para que se dejen de destruir infancias inocentes, y de favorecer y enriquecer a quienes las destrozan.
