Según la organización Human Rights Watch (HRW), en el grave incidente producido el pasado 2 de septiembre en la prisión central de Makala (República del Congo), por un intento masivo de fuga, no solo ha supuesto la muerte de 129 internos, sino que se han identificado numerosos casos de violencia sexual. Según datos de La Vanguardia, casi 300 mujeres han sido violadas durante el intento de fuga. Entre estas 300 mujeres, se han identificado a 4 menores.
El ministro del Interior, Jacquemain Shabani, anunció que se formará una comisión mixta para investigar los hechos, aunque no se han proporcionado detalles sobre su composición. Human Rights Watch (HRW) ha pedido una investigación transparente e imparcial del incidente y ha enfatizado la necesidad urgente de mejorar las condiciones en la prisión de Makala, que sufre de hacinamiento extremo, infraestructura deficiente y recursos inadecuados. Según testimonios de prisioneros, el motín fue causado por un intento de escape masivo, que también provocó incendios en varias secciones de la prisión. Las autoridades han afirmado que la mayoría de las muertes fueron resultado de una estampida.
La violencia sexual en las prisiones congoleñas no es nueva. En 2020, un motín en la prisión central de Kasapa en Lubumbashi también provocó la violación repetida de varias mujeres prisioneras por parte de hombres durante un incendio que destruyó su sección. HRW ha documentado problemas similares en Makala, donde las mujeres encarceladas han sido víctimas de abusos sexuales sin recibir la atención médica necesaria.
La prisión de Makala, diseñada para 1,500 personas, alberga actualmente entre 12,000 y 14,000 prisioneros, muchos de los cuales están en espera de juicio por delitos no violentos o menores.
HRW insta al gobierno a tomar medidas inmediatas para abordar el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de detención y proteger a los prisioneros, especialmente a las mujeres, contra la violencia sexual. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han señalado que el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos de los prisioneros, conforme a las normas internacionales.
Este grave hecho muestra los problemas sistémicos en el sistema penitenciario del Congo, donde la violencia, el maltrato y la negligencia médica continúan afectando a los prisioneros, particularmente a las mujeres. Se requiere una acción urgente para prevenir futuros incidentes y garantizar la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal del país.
